Arturo Moscoso Moreno

La responsabilidad política

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Uno de los requisitos fundamentales de la democracia es la “accountability”, traducida imperfectamente al español como “rendición de cuentas” porque no comprende solamente la obligación de los funcionarios públicos de informar sobre sus labores, sino también la de responder por sus actos u omisiones en el ejercicio del cargo y de que sean hechos responsables por ellos.

Así, la accountability es la obligación de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones cuando son requeridos por sus electores o por otros cuerpos constitucionales. Es vertical cuando es ejercida por los ciudadanos a través del voto, otorgándoselo o no a un funcionario en funciones que opte por la reelección o a su partido. Es horizontal cuando la ejercen otros actores institucionales que están más o menos en igualdad de condiciones que aquel que debe responder. En nuestro país la accountability vertical es practicada (o al menos debería serlo), por ejemplo, por la Asamblea, por la Contraloría o por la Fiscalía.

De esta forma, todo funcionario público es responsable y deberá responder ante los ciudadanos y ante los organismos de control por todo lo que haga o deje de hacer en el ejercicio de su cargo, lo que se denomina “responsabilidad política”, y su ausencia, entendida como la falta de previsión de las consecuencias de una acción tomada, es uno de los pecados mortales que existen en la política.

Para clarificar mejor pongamos un ejemplo: digamos que usted es elegido funcionario público y le encargan el desarrollo de ciertas áreas estratégicas en donde se maneja mucho dinero. Supongamos que en el ejercicio de su cargo un grupo de subalternos suyos organizan una red de corrupción que genera perjuicios al Estado de varios millones de dólares, mientras todos ellos, sus familias y sus amigos, aumentan su patrimonio exponencialmente de forma evidente. Indiscutiblemente, que usted no haya podido -o no haya querido- ver esto durante el periodo que estuvo encargado de esos sectores, redundaría en su responsabilidad política en relación a esos actos, ya que habría una grave omisión en los controles que deben practicarse justamente para que cosas así no pasen.

En democracia, esa responsabilidad política debería ser determinada por los organismos de control adecuados, “accountability horizontal”, y en caso de que estos fallen, los ciudadanos, alertados de la terrible corrupción que se ha dado mientras usted era el funcionario a cargo, podrían dejar de votar por usted en caso de que quisiera reelegirse, “accountability vertical”. Ahora bien, tome en cuenta que, si se llegase a demostrar que su responsabilidad no fue de omisión, sino de acción y usted formó parte de esa red de corrupción, su responsabilidad ya no será sólo política, también será penal.