Marco Arauz

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Este 2017 ha producido tantos hechos que es difícil decidirse. Desde el punto de vista del periodismo, quizás uno de gran trascendencia sea la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de declarar nula la orden de la Supercom para que este Diario publicara la rectificación de una nota sobre el ajuste de USD 606 millones en el costo del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

No me siento tan seguro al decir que en el Ecuador la justicia tarda pero llega, aunque después de dos años y medio de los acontecimientos, el Tribunal deja sentado que la imposición adolece de un vicio grosero en el procedimiento, carece de argumentos, es profundamente subjetiva y genera inseguridad jurídica. Pero, lo más importante, cuestiona el modo en que se ha venido aplicando el derecho a la rectificación.

La Ley de Comunicación, tan útil para acallar a quienes no repetían la verdad oficial, dio vida a una Superintendencia con un poder punitivo capaz de destruir a una empresa periodística, y no estableció ninguna mediación entre el pedido de rectificación y la publicación. Los más avezados se las arreglaban para que el plazo de 72 horas corriera durante el fin de semana.

El Tribunal toma nota de la falencia -quizás es más acertado hablar de falacia- y señala que la rectificación no es automática. El medio debe verificar su pertinencia e incluso puede negarse a hacerla y, en ese caso, dirigirse a la Supercom para que procese objetivamente el caso, y se determine si hay violación del ejercicio al derecho a la rectificación. Todo un precedente.

Pero vale la pena recordar los hechos. La nota se publicó el 5 de abril del 2015. El 9, el Ministerio de Electricidad envió una carta con términos ofensivos, pidiendo rectificación; el 10, y dado que contábamos con los respaldos, pedimos que se nos indicara en qué consistía el supuesto error. Lo siguiente fue la notificación de la Supercom, el 16, aceptando la denuncia.

El 17 intervino la Secom, pero se abstuvo cuando se le respondió que el caso se radicaba en la Supercom. El 5 de mayo se presentó una veintena de pruebas en la audiencia de sustanciación -para quienes se interesen en el caso, los documentos constan en nuestra web- frente a una sola prueba del denunciante, que fue desechada. Pero, igual, el 14 llegó la notificación.

La publicación se hizo para salvaguardar las finanzas del Diario frente a una sanción de cientos de miles de dólares, en una economía difícil para el país y para la industria. Semanas más tarde, otros diarios usaron el mismo argumento y publicaron decenas de rectificaciones. EL COMERCIO no dio por terminada la batalla y fue al Contencioso en julio de ese año.

La verdad sea dicha, la batalla no termina. Hay pasos legales que la Supercom agotará. Pero se ha vuelto más nítida la necesidad de acabar con esas zonas grises creadas para favorecer al poder y maniatar la libre expresión.