Enrique Echeverría

“Reserva” inconveniente

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El anuncio de una cirugía mayor de la corrupción, comienza a sufrir límites en los sectores legislativo y judicial. Existe la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Se la puede leer en el R.O. No.166, de 15 de diciembre del 2005. Según este instrumento internacional, cada Estado debe adoptar medidas … “para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción… y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención” (Art. 13, número 2).

También está prevista y autorizada la cooperación entre Estados, para asistencia judicial recíproca entregando … “originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles”. En el número 8 del Art. 46, consta: “Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo”; lo cual parece no aceptar la confidencialidad de la documentación que se entrega.

Está previsto el carácter de confidencialidad sobre la información recibida. Seguramente, bajo esta norma, Brasil entregó lo que tenía sobre la conducta de funcionarios de Odebrecht y de nuestro país. Dos Fiscales han recogido información en Brasil. El actual, inclusive realizó un segundo viaje para recabarla, respecto a la conducta de funcionarios ecuatorianos que hayan participado en los regalos de Odebrecht; y que gozan de fuero de Corte. Nada se ha dicho sobre este capítulo.

Ante tanta reserva, ha surgido el propósito de que un grupo de asambleístas viaje a Brasil para comprobar lo entregado por el Fiscal General Carlos Baca Mancheno, a la Comisión de Fiscalización. En semejantes circunstancias, Legisladores tranquilos han propuesto conversar con el Fiscal General; y si de esa reunión surge mérito para el viaje, lo harán; de lo contrario quedaría en proyecto, o para una nueva oportunidad.

Reserva y más reserva, tanta que crea duda sobre la confianza que puede merecer el resultado de las investigaciones “reservadas” hechas por la Comisión respectiva de la Asamblea. La información completa algún día saldrá a la luz. Entonces, podría justificarse la afirmación de que el procedimiento confidencial se utilizó para proteger a prominentes partícipes de los negociados, pues la mayoría de la Comisión es del mismo partido político, del mismo gobierno en donde habrían actuado los corruptos y que todo se hizo entre amigos y relacionados entre sí. ¡Conviene a unos y otros; y al país, que la investigación sea de conocimiento y difusión públicos!