Miguel Rivadeneira

Todo resbala y no pasa nada

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28 de January de 2013 00:02

Los hechos que ocurren en la actualidad, pese a su comprobación, revelan cómo las cosas resbalan con facilidad en medio de una campaña electoral laxa y controlada. El teflón político facilita que pese a las graves denuncias -formuladas con pruebas documentales, testimoniales, informes acusatorios de entes de control y admitido por autoridades- no pase nada. Los sucesos se diluyen y la galopante corrupción queda en la impunidad en la “nueva justicia” y en la investigación penal.

Hubo irregularidades y sobreprecio terrible, peculado, contratos sin licitación que deben ser sancionados por estos delitos y por eso el pedido al Fiscal de la detención de Ricardo Antón. Ese fue el testimonio en Ecuadoradio del asesor jurídico de la Presidencia al referirse al ex director de la Agencia de Transporte. Su actuación fue cuestionada por el Incop y luego la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal. Cuando la prensa denunció el líder –al igual que en otros casos– le defendió y acusó de persecución a los auditores. Esto resbala y la Fis- calía y la “nueva justicia” miran a otro lado.

Igual ha sucedido con el caso de la valija diplomática con droga que se envió a Italia. Allá hubo sentenciados y aquí, dilatorias y justificativos hasta que otro escándalo de corrupción lo tape. Los juicios de los comecheques y muchos más, cuyos procesos se dilatan en medio de enredos judiciales.

Estos casos, de los tantos ocurridos, denunciados oportunamente y que siguen en la impunidad, deben llamar la atención al Consejo de la Judicatura, que debe demostrar la independencia en acciones, no discursos. En todos los gobiernos hubo casos de corrupción, pero la diferencia es que otros presidentes se preocuparon, tomaron medidas, pidieron la salida de ministros o funcionarios y siguieron adelante. Jueces que se sacudieron y aplicaron el Derecho por sobre cualquier presión oficial de turno.

Se ha llegado a un punto en el que resbala hasta las arbitrariedades dispuestas oficialmente y recogidas en el Consejo de Transición cuando se remitió la circular 3524, mediante la cual se dispusieron sanciones en contra de los jueces que apliquen la Constitución y resuelvan favorablemente acciones de protección de actos administrativos. O la absurda resolución 129, que dispuso políticas a juezas y jueces por sobre las normas y los códigos vigentes, que tiene establecido los procedimientos en sus actuaciones. Ordenó cómo deben proceder y lo que deben hacer los jueces, incluso por sobre lo que la Constitución atribuye a este consejo, lo que ha sido cuestionado por prestantes juristas y catedráticos de la talla del maestro y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado. ¿En qué queda la jerarquía de las normas, art. 425 de la Constitución, y el respeto al ordenamiento jurídico del Estado?