Jorge León

Represión y garcianismomoreno del XXI

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La represión en Ecuador se perfeccionó como nunca. No solo porque el Gobierno amedrenta y condena a los contestatarios, de modo selectivo a quienes inciden más o encarnan alguna causa social, sino porque vuelve legal todo un sistema represivo.

Busca vaciar a la sociedad del conflicto social con el silencio, no resolviéndolo, sino imponiéndose como hace con la minería. La criminalización de la protesta es su instrumento clave, para lo cual se cambian leyes y se incorporan jueces que más que seguir la ley siguen esta política.

Correa es el principal promotor de la minería a cielo abierto y a gran escala, lo cual suscita conflictos. Oficialmente, sería un extractivismo moderno justificado en tener recursos para servicios sociales. Lo refuerza con sus argumentos de redención social al amparo de su fe, que le ha dado esta convicción de ser portador de esa modernidad. Se asemeja a García Moreno en el siglo XIX, quien convencido de su predestinación y de su modernidad llegó a acallar a todo oponente e imponerse. Con las mismas premisas al Gobierno justifica el sistema represivo actual.

Este garcianismomoreno del siglo XXI es todo legal. Incluso sanciona lo que los principios constitucionales o los derechos permiten, como la protesta o el rechazo a las decisiones gubernamentales. Su aplicación politizada lleva a jueces, fieles del sistema, a amplias condenas a los contestatarios, como lo hace con M.L. Lozano y S. Amable, saraguros que obstaculizaron una carretera, en protesta contra los diseños mineros, cuyas penas de 4 años son una desproporción.

Este sistema cae sobre los pobres, como ya aconteció, desde el inicio del gobierno, con los campesinos de Orellana que no querían nuevos pozos petroleros o los habitantes de Íntag que rechazaban la minería o aquellos de Portete que defendían el agua ante la minería.

La criminalización de la protesta es más una criminalización de la pobreza como bien lo dice el Defensor Público, quien finalmente asume su rol, preocupado por estas penas desproporcionadas, mientras delitos graves no reciben sino simbólicas condenas. Digamos, los cercanos al Gobierno tienen otras penas.

El propone un “imperativo ético” de resolución pacífica de los conflictos y la amnistía de dirigentes sociales para un “equilibrio en la justicia”.

Si la Defensoría, más bien cercana al Gobierno, así se pronuncia, indica la creciente pérdida de legitimidad de este.

El Gobierno ya debe sacar lecciones de ello. Su represión refuerza el rechazo. Crecerán los juicios, dentro y fuera del país sobre estas injusticias.

Hacer legales a la represión y al silenciamiento social no detendrá los juicios y condenas. La sociedad rechazará la tentativa de establecer un conservadurismo social, que la silencia.

leon@elcomercio.org