Walter Spurrier

Reformas mineras

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2 de junio de 2014 18:33

No escuché al Presidente el sábado, pero leí la crónica de la sabatina en la edición virtual de este diario. Me parece comprender que el Presidente reconoce tácitamente que la ley de minería expedida bajo su mandato necesita reformas.

Ecuador es la Arabia Saudita de la minería, dice el Presidente con cierta hipérbole, pero lo cierto que es que tenemos un enorme potencial. Recién nos aprestábamos a aprovecharlo cuando los poderes públicos decidieron frenar la minería.
Bajo la iniciativa del Presidente Gustavo Noboa se aprobó la primera ley de minería favorable a la inversión privada. La ley atrajo una extraordinaria inversión en exploración.

Pero bajo el gobierno de Alfredo Palacio se paraliza la actividad minera, luego vino el mandato minero de la Constituyente y una nueva ley de minas poco atractiva para la inversión. La actividad exploratoria se redujo a un mínimo.

Para entonces cuatro empresas habían descubierto yacimientos de los cuales tres de enorme importancia: Ecuacorriente, dos yacimientos cupríferos que convertirían al Ecuador en uno de los cinco mayores exportadores de cobre del mundo, y Kinross, con el yacimiento aurífero Fruta del Norte (FdN), el más importante descubierto en el mundo en los últimos diez años.
La ley del régimen Correa es quizá la más dura del mundo. A pesar de ello, en 2012 Ecuacorriente firmó el contrato para entrar en la etapa de explotación. 
Para entonces, se estimaba que en 2014 debíamos ya estar exportando barras de metal ricas en cobre a través de una terminal especializada. Pero nada. La información más reciente es que Ecuacorriente enfrenta problemas laborales.
Kinross objetó los términos de la nueva ley. Las autoridades advirtieron que si al expirar el plazo para firmar un contrato de explotación Kinross no lo hacía, declararían caducado el contrato y firmarían con alguna de las empresas que hacían cola para tener la oportunidad.
Kinross optó por no firmar. Eso fue hace un año, y no hay reemplazo. La última novedad es que Kinross tiene la expectativa que pronto se formalice el interés de otra empresa, lo cual implica que Kinross recibiría un pago por los estudios que permiten la explotación.
Hay otro gran proyecto cuprífero, el de Junín en Imbabura, redenominado Llurimagua, que asumió directamente la empresa estatal Enami en asocio con la chilena Codelco.
Todo lleva a pensar que tanto el inicio de los actividades de Ecuacorriente, el traspaso de FdN y el avance de otros proyectos en exploración dependen de la reforma a la ley de minas en los términos que reconozcan la necesidad de las empresas mineras de tener utilidades atractivas que justifiquen la inversión.
Hoy al gobierno preocupa el déficit comercial. Buena falta nos hace la exportación de cobre que debió haberse iniciado este año.