Fabián Corral

Reformas laborales

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Desde el 2013, el Gobierno Nacional anunció la necesidad de expedir un nuevo Código Laboral. Circuló un anteproyecto que provocó debates y presentaciones de autoridades, abogados y dirigentes laborales. Con el cambio de Ministro, tal iniciativa concluyó; el nuevo titular, entregó a la Asamblea Nacional el 1 de mayo de 2014, un nuevo anteproyecto, aunque se dijo que tenía carácter extraoficial. Finalmente, este tampoco prosperó, y las autoridades han optado por proponer a la Asamblea modificaciones puntuales.

Las reformas se concretan en cuatro temas fundamentales. Por el momento, bordaré los que permita el espacio de esta nota.

I.- La estabilidad absoluta.-Vieja aspiración de la dirigencia sindical ha sido la estabilidad absoluta, tema que nunca fue recogido en la ley, pero que, durante largo tiempo, sirvió como tesis recurrente en la negociación de contratos colectivos. Ahora, en el proyecto de reformas, aparece la tesis de la inamovilidad en el trabajo como una de las lógicas inspiradoras, cuyo efecto será dotar de mayor rigidez a la relación laboral.

1.1.- Eliminación del contrato a plazo fijo y desahucio.- El proyecto propone eliminar el contrato a plazo fijo, suprimir el desahucio como derecho del empleador, y caracterizar al contrato de trabajo como uno a tiempo indefinido, protegido del evento del despido intempestivo por la nulidad de tal acto.
Sobreviven los contratos precarios (prueba, eventual, ocasional, por obra cierta). Pero la eliminación del contrato a plazo fijo puede complicar la administración de las empresas, ya que este tipo de contrato responde a las necesidades del mercado, cuyas características no siempre apuntan a la estabilidad, tanto más si los empleadores están sometidos a la incertidumbre y a la variación de sus expectativas, y si la índole de las tareas exige flexibilidad. La respuesta, en el evento de aprobarse la reforma, puede ser la disminución de la oferta de empleo, ya que el contrato a plazo indefinido no se ajusta a la razonable movilidad laboral que se busca en una economía incierta y competitiva.

1.2.- Despido, nulidad e implicaciones.-En armonía con la tesis de la estabilidad absoluta, la reforma (i) crea la figura de la nulidad del despido; (ii) establece el derecho a la readmisión del despedido; (iii) establece la indemnización adicional de un año, que se agrega a las vigentes para sancionar el despido; (iv) establece el derecho potestativo del trabajador de no volver al trabajo; y, (v) establece el derecho al cobro de los salarios, más el 10% de recargo, durante el tiempo de la suspensión de la relación laboral.

1.2.1.-Trabajadores amparados por la nulidad del despido:Están amparados: (i) la mujer durante el embarazo y sus secuelas; (ii) los dirigentes sindicales en funciones; (iii) “los trabajadores miembros de la organización sindical.”
La redacción del art. 24 del proyecto es confusa. Ateniéndonos a su texto, parecería que la idea sería proteger con la nulidad del despido a todos los trabajadores que integran el comité de empresa y, adicionalmente, a sus dirigentes. De ser así, las empresas con organizaciones sindicales estarían frente a un evento de inamovilidad de su personal, salvo el caso excepcional del visto bueno.

1.2.3.- Acción de despido ineficaz y efectos penales del despido.-El despido da lugar a un trámite sumario ante el Juez del Trabajo: (i) La demanda debe presentarse en el plazo máximo de 15 días, con las pruebas correspondientes; (ii) la citación se hará en 24 horas, y pueden dictarse medidas cautelares contra el empleador para asegurar el reintegro inmediato del trabajador. (iii) La audiencia se realizará en 48 horas y, si se produce conciliación, se la aprobará por sentencia, caso contrario, se actuarán las pruebas y se dictará la sentencia en la misma audiencia; (iv) el recurso de apelación contra la sentencia, no suspende la ejecución de la orden de reintegro o pago de la indemnización.

1.2.4.-Efectos de la sentencia.-La sentencia tiene los siguientes efectos: (i) La declaratoria de ineficacia del despido obliga al empleador al reintegro inmediato, entendiéndose que la relación laboral no se interrumpió; (ii) Se obliga al pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo de suspensión del contrato, más el 10%; (iii) Si el empleador no cumple la providencia inicial de reintegro, o la sentencia de reintegro inmediato, queda incurso en el delito de desobediencia previsto en el art. 282 del COIP, cuya sanción oscila entre 1 y 3 años de prisión. (iv) Pese a la orden de reintegro, el trabajador puede elegir, a su discreción, no reintegrarse al trabajo y exigir el pago de la indemnización equivalente a un año de remuneración, adicional a la común prevista en el Código del Trabajo. (v) Si el despido tiene como causa la discriminación, no se aplica el reintegro y se impone siempre el pago de la indemnización adicional a favor del ex trabajador.

II.- Empresas vinculadas.-Una de las innovaciones importantes es la extensión de las responsabilidades laborales de toda clase (se entiende, por solidaridad) a personas naturales y a empresas que conformen grupos empresariales, vinculados en forma directa o indirecta, por dirección, administración, “control o capital en la otra”. En consecuencia, toda persona que se encuentre incursa en la vinculación, será responsable de las obligaciones de cualesquiera de las empresas frente los trabajadores de todas ellas.

A esta reforma, se suman las anteriores que eliminan el principio de responsabilidad limitada (Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, de septiembre de 2012)

fcorral@elcomercio.org