Henry LLanes y otros ciudadanos, investidos de un derecho que garantiza la Constitución, llevan adelante una campaña de recolección de firmas para promover una reforma a la ley de Seguridad Social y a la ley del Biess.
El propósito es muy simple: Cortar de raíz la politización de la seguridad social, lograr que el sistema previsional sea devuelto a sus genuinos dueños, los afiliados. Esto que pareciera obvio, no ha funcionado así en el Ecuador. En nuestro país, los gobiernos de turno, ahora y en el pasado, han actuado desde el equívoco de que la plata del IESS es dinero público; que pueden echar mano del mismo para cubrir sus urgencias; que, en definitiva, el sistema es una rama más de la Función Ejecutiva.
Esto es una verdadera aberración. Como aberración es que no exista un estudio actuarial actualizado sobre la situación real de la seguridad social; como aberración es que no sepamos con exactitud a cuánto asciende la deuda del Estado al sistema de seguridad social, la misma que pudiera superar los USD 10 000 millones; como aberración resulta igualmente que el Gobierno tenga total control de quienes dirigen tanto el IESS como el Biess y que el interés de los afiliados solo esté marginalmente representado; como aberración son las últimas reformas que eliminaron el aporte del Estado a las pensiones jubilares o la arbitraria apropiación de los fondos del magisterio o los atropellos que se han cometido con el Issfa.
Así, la iniciativa ciudadana de modificar la ley para que los afiliados recuperen el control y dirección del sistema es una reforma urgente. Se podría discutir cuál es el mejor mecanismo para lograrlo, sopesar la participación del Estado y de los empresarios en el proceso de toma de decisiones. Pero, sin duda, la despolitización de la seguridad social y la reapropiación del sistema por parte de sus verdaderos dueños no puede esperar.
Esta no es la única iniciativa importante surgida de la ciudadanía en los últimos tiempos. En marzo, la Cámara de Comercio de Quito organizó un encuentro entre empresarios y centrales sindicales que derivó en un acuerdo de ocho puntos que contiene aspectos como el fortalecimiento del fondo de salud con los recursos que fueron disminuidos al de pensiones, la exigencia al IESS para que presente de inmediato los estados financieros de todo el sistema, la realización de una auditoría administrativa y financiera independiente, el respeto al fondo cesantía y la devolución del 40% de aportes a las prestaciones, entre otros.
Las soluciones vienen de la sociedad. Como ha venido, durante décadas, la lucha de los jubilados por defender la seguridad social. Plantones, marchas, huelgas de hambre de quienes dedicaron su vida a trabajar y hoy se consagran a defender sus derechos y una pensión digna para ellos y las futuras generaciones. Por ahora está la propuesta de Llanes, cuya fase de recolección de firmas terminará el 15 de mayo. 15 días más para que la ciudadanía se manifieste; 15 días para que los afiliados tomemos acciones y logremos apropiarnos de lo que nos pertenece.