19 de January de 2011 00:00

Reforma judicial

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Finalmente el Presidente de la República dio a conocer el contenido de la consulta/referendo propuesta a los ecuatorianos, quienes tendrán que pronunciarse sobre su contenido en los próximos meses. Sin duda, los dos grandes temas incluidos son el relativo a las potestades extraordinarias solicitadas para reestructurar el sistema judicial y el referente a la ley de comunicación. En esta entrega nos ocuparemos del primero de los indicados. Hay que empezar señalando que, en esta materia, el Gobierno ha caído en la tentación muy común entre nuestros gobernantes quienes, por más que en su discurso hablaban de un supuesto respeto a la independencia de funciones, en un determinado momento y en forma directa o indirecta han pretendido tener injerencia en las Cortes de Justicia. En ese aspecto este Gobierno no se diferencia en nada a anteriores administraciones de la odiada partidocracia que, algunos con más éxito que otros, pretendieron influir sobre la justicia.

Por más que en un inicio lo negaban, ese objetivo siempre estuvo en la mira. Se lo quiso hacer en la Constituyente, pero por alguna razón ese camino se frustró.

Luego establecieron en el texto constitucional un mecanismo bastante imbricado que a la final le hubiera dado los resultados perseguidos, es decir poner a personas cercanas a su credo ideológico en la magistratura. Al parecer, el tiempo no jugaba a favor y, como ha sucedido en otros países influenciados por la alianza bolivariana, decidido a mostrar la imagen de que se pretenden hacer cambios para mejorar la seguridad en el país, el Gobierno ha elegido el sendero corto y pretende nombrar directamente los miembros de las cortes de justicia.

En principio, la Función Judicial era integrada con miembros provenientes de ternas enviadas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora se relega a este último reemplazándolo por la Función de Transparencia y Control Social. En todos ellos, el Ejecutivo mantiene el control. Sin embargo, a través del tiempo, por los problemas jurídico políticos que esta designación conllevaba, se pensó en un mecanismo en el que se consideren los méritos de los postulantes y que los mismos se hallen bajo el escrutinio ciudadano. Hoy se vuelve a lo anterior. El Gobierno, al solicitar se le otorgue un acto de fe, piensa que puede resolver por sí solo un problema de décadas.

Todo retorna a fojas uno. La institucionalidad que derrumbó la Asamblea se la eliminó supuestamente por ineficiente. Ahora, el novísimo esquema de selección previsto en el texto constitucional ni siquiera llegó a arrancar. El resultado es que no hay norma que funcione, por eso el voluntarismo solicita un cheque en blanco brindando la ilusión que todo mejorará. Sólo hay cabida para un sentimiento de desazón. En vez de enrumbarse el país por la vía de la institucionalidad, retornamos a pasos acelerados a etapas que pensamos superadas hace buen tiempo.

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