Geovanny Tipanluisa

La reforma judicial le quedó debiendo a la Fiscalía

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La situación es grave en la Fiscalía. Resulta que en el país operan 851 investigadores, pero faltan 400 más. Esto significa que cada uno maneja hasta 1 200 causas al año y simplemente no se alcanzan. El primer afectado de este déficit es el usuario. Las indagaciones avanzan de forma lenta y no hay resultados.

¿Qué sucedió con la pomposa reforma judicial impulsada en la década pasada? ¿Por qué no se incorporó suficiente personal? ¿Se olvidaron de las oficinas fiscales?

La única respuesta de la autoridad es que contrataron solamente lo que les pedían.
Entonces faltó gestión de quienes manejaron la Fiscalía. Ellos tienen que responder y explicar al país qué sucedió.

Esta entidad ni siquiera tiene suficientes psicólogos acreditados como peritos. Apenas trabajan 48. El año pasado ese grupo debió atender 40 000 denuncias relacionadas con violencia psicológica. Lo terrible es que ellos no solo cubren esos casos, sino que levantan perfiles de los agresores o atienden a víctimas de violaciones, abusos, etc.

Las personas afectadas han tenido que realizar largos viajes desde la Costa y Amazonía, para ver si en Quito les realizan los exámenes psicológicos que necesitan presentar en un proceso judicial. ¡Inaudito!

Por ahora comenzó un proceso para cubrir el déficit de fiscales. Sin embargo, esa tarea se prolongará hasta el 2020 y también urge incorporar 84 peritos psicólogos más. Hay que caminar más rápido por el bien del país.

La Fiscalía tiene grandes retos. Aún debe resolver casos que involucran a Odebrecht y a la estatal Petroecuador. Esos capítulos no están cerrados y se han identificado 156 casos emblemáticos más sobre delitos y corrupción.

En este último bloque está la venta anticipada de petróleo a Petrotailandia y a Petrochina.
Estos casos requieren ingentes esfuerzos al igual que los femicidios (109 casos en el 2017), la violencia física contra la mujer (4 128 quejas), el crimen organizado, el tráfico de migrantes, el narcotráfico que debe ser investigado y castigado de acuerdo con la ley.