Antonio Rodríguez Vicéns

¿Qué reforma judicial?

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19 de July de 2011 00:01

La Constitución de Montecristi -elaborada por asambleístas sumisos, ignorantes, sectarios y noveleros-, si bien ha constituido un instrumento para el proceso de centralización del poder y ha contribuido eficazmente para la creación del caos jurídico y el descalabro institucional que padecemos, también consagra principios fundamentales que deberían ser aplicados. En el artículo 68, por ejemplo, prescribe que “los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa” y de “autonomía administrativa, económica y financiera”. No habrá -no puede haber- una auténtica reforma a la Función Judicial si no se alcanzan, en la práctica, esa independencia y esa autonomía.

La reforma de la Función Judicial nace bajo el signo de la violación y la contradicción. En efecto, a pesar de que la Constitución garantiza su independencia y su autonomía administrativa y que las instituciones y organismos del Estado podrán ejercer únicamente las “competencias y facultades” atribuidas en la Constitución y en la ley, la reforma será realizada, con evidente injerencia, por delegados de otras tres funciones. ¿En qué norma constitucional se las faculta para designar delegados para integrar una Comisión que sustituirá al Consejo de la Judicatura, que tiene la atribución de “definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial”?

¿Qué alcances y límites constitucionalmente tendrá esa reforma? Si la Comisión Tripartita sustituirá al Consejo de la Judicatura, con sus atribuciones, es obvio que estas son las consagradas en la Constitución. ¿Además de la citada, cuáles son? La de “conocer y aprobar la pro forma presupuestaria”, la de “dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores”, su “evaluación, ascensos y sanción”, la de “administrar la carrera y la profesionalización judicial”, la de “organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial” y, finalmente, la de velar por su “transparencia y eficiencia”. En síntesis, sus facultades se limitan al campo administrativo.

¿Podrá haber reforma de la Función Judicial sin derogar varias normas de la Constitución y el perverso Régimen de Transición, que han aumentado la inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional? ¿O sin reformar numerosas leyes de la ‘revolución ciudadana’ y modificar sustancialmente los códigos procesales? ¿O sin garantizar su independencia, restituyendo, por ejemplo, el sistema de cooptación para la designación de jueces de la Corte Nacional? ¿O sin incrementar adecuadamente su presupuesto, para alcanzar su autonomía? ¿La Comisión se extralimitará en sus atribuciones, siguiendo la cínica costumbre de violar la Constitución? ¿O la reforma se reducirá a un cosmético mejoramiento administrativo y, sobre todo, al interesado nombramiento de jueces y funcionarios?