En septiembre del 2008, cuando estalló la crisis financiera con la quiebra del gigante Lehman Brothers, el sistema financiero mundial entró en una profunda crisis. En aquella época se planteó la necesidad de emprender en una profunda reforma financiera para evitar que en el futuro se produzcan crisis de esa magnitud.
Conforme los organismos de control fueron desenredando el ovillo de las transacciones, salieron a flote una serie de irregularidades.
Productos, como bonos respaldados por hipotecas de baja calidad, fueron vendidos a terceros con una buena calificación de riesgo otorgada por las calificadoras por cuyos servicios pagaban las instituciones financieras. Como resultado de estas operaciones, los bancos hicieron buenas ganancias y los inversionistas perdieron. Actualmente, la firma Goldman Sachs está bajo investigación acusada de fraude financiero. Esta firma, apostó a que el mercado inmobiliario iba a entrar en crisis, por lo cual instruyó a su fuerza de ventas para que ofrezca a sus mejores clientes los papeles respaldados por hipotecas que tenían registrados en sus activos como si fueran de buena calidad.
Luego de la operación, y antes de la crisis inmobiliaria, Goldman Sachs registró en sus libros ganancias multimillonarias, mientras que sus clientes perdían lo invertido.
Estos y otros casos de fraude financiero pusieron de manifiesto la necesidad de emprender en una profunda reforma que introduzca controles y mecanismos para transparentar las operaciones de los bancos y proteger a los consumidores.
En esta semana el Congreso de Estados Unidos, puso en consideración del pleno una moción sobre si se iniciaba o no el debate en torno al proyecto de reforma sobre los mecanismos y agencias que supervisan las actividades del sector financiero. Pero la iniciativa inicialmente no tuvo éxito. Fue derrotada en el pleno debido a la oposición de los grandes bancos.
Las 25 firmas bancarias más grandes han gastado más de USD 11 millones en los primeros tres meses del año para influir a los legisladores. Sin embargo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la opinión pública para imponer mayores controles que impidan la especulación financiera y la consolidación de bancos gigantescos cuyos colapsos amenazan la estabilidad económica.
La reforma plantea que los instrumentos sofisticados conocidos como derivados financieros, en vez de ser negociados privadamente, se negocien en el mercado a través de instituciones que centralicen las operaciones.
Asimismo, las instituciones que son consideradas muy grandes para dejarlas quebrar, deben reducir su tamaño mediante reglas claramente establecidas.
Estos y otros puntos son parte del debate, el mismo que finalmente, gracias a la presión de la opinión pública, se inició en el Congreso el miércoles de esta semana.