Sebastián Mantilla

Reforma constitucional

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19 de March de 2014 00:02

Luego la derrota que acaba de tener el presidente Rafael Correa y su movimiento en las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero, una de las alternativas que se han barajado frenar el desmoronamiento de Alianza País ha sido reformar la Constitución de la República para permitir la reelección indefinida.

Aunque esto puede ser factible a través del artículo 441 o el 442 de la Constitución, deja muchas dudas desde un punto de vista ético y político.

Lo que está en juego no son los intereses del Estado y sus ciudadanos, sino de un grupo reducido de personas que teme perder todos sus privilegios y canonjías.

Es más que suficiente ser Presidente por dos ocasiones o, como en el caso de Correa, ejercer la primera magistratura por cerca de 10 años (2007-2017).

Eternizarse en un cargo corrompe. A más de que mata la indispensable alternabilidad y sana competencia, fortalece el caudillismo. Para mi forma de ver, este es uno de los peores enemigos de la democracia.

Si se trata de reformar la Constitución, debería hacerse sobre aspectos fundamentales. Por ejemplo, más prioritario que la reelección indefinida es reformar algunos artículos de la Constitución que han llevado a que el Ejecutivo concentre el poder y tenga plena influencia sobre el resto de funciones del Estado. El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros organismos, no son independientes.

En efecto, uno de los ingredientes esenciales de una democracia moderna es la existencia de independencia entre las diferentes funciones del Estado. Independencia pero también separación, equilibrio, distribución y, sobre todo, limitación del poder. Montesquieu, en su libro 'Del espíritu de las leyes' (1758), decía: "Para que no se pueda abusar del poder es necesario que el poder contenga al poder".

En el caso de la actual Constitución creo que debería revisarse del Título IV, sobre la Participación y Organización del Poder, principalmente lo correspondiente a las atribuciones de la función de Transparencia y Control Social. A más de ser una instancia decorativa, esta ha sido utilizada por el poder Ejecutivo para el control de otras instituciones del Estado a través de la designación de sus autoridades. Por ello, si no se eliminan los numerales 10, 11 y 12 del artículo 208 de la Constitución, deberían reformarse, junto a los artículos 209 y 210. En estos últimos se regula lo que hasta el día de hoy ha sido una farsa: los concursos de oposición y méritos, así como la conformación de las "comisiones ciudadanas de selección".

Por aquí hay que comenzar, no por la reelección indefinida. Si algo necesita el Ecuador en estos momentos es la puesta en funcionamiento de reales mecanismos de control institucional, rendición de cuentas, fiscalización y designación de autoridades.