El Ecuador debe labrar su futuro sobre la base de su específica realidad, saber con claridad a dónde vamos, con análisis meditados, para conducir con seguridad hacia el bien común.
Hacer concesiones a la realidad evita los patinajes teóricos y los efectos contraproducentes, y más bien abre los cauces apropiados para lograr la perdurabilidad de una política deseable y soslaya los rencores implacables que impiden acuerdos nacionales para progresar.
Hacer leyes que moldean el comportamiento de los seres humanos es de las tareas más complejas de la creación intelectual y requiere de profundidad analítica para acertar.
No se puede improvisar todo, porque el gobernante corre el riesgo de perder credibilidad y sin esta puede no ser obedecido.
Todo tiene que ser claro para ser creíble y no oscuro como un mar anochecido. Gobernar para hoy y mañana supone consultar con los segmentos concernidos de la población, oírles, prever los impactos y luego decidir en función del bien común. No proceder de esa manera es como jugar ajedrez sin rival.
Recuerdo que cuando el gobierno de Rodrigo Borja decidió hacer una reforma arancelaria profunda se construyó un proyecto teórico con especialistas en economía internacional, revisado por macroeconomistas experimentados, consultado con empresarios honestos y, finalmente, redactado sobre bases inequívocas por abogados competentes. Varios meses duró este proceso pero se aprobó un texto que en su esencia de justicia social perdura hasta hoy.
Nadie puede estar en desacuerdo que es imperativo disminuir las inequidades para asegurar la paz social. Pero este objetivo capital debe ser alcanzado mediante un proceso equilibrado y sostenido, para consolidar un crecimiento económico, con inversiones que aumenten el empleo, que solo es posible si no hay incertidumbre.
En aras de la equidad, ya es tiempo de sincerar la economía levantando los subsidios que se entregan incluso a gente que no los necesita, como es el caso de los combustibles, para así, liberar recursos que tanta falta hacen para el desarrollo social.
Este camino es mejor que “meter el dedo en el ventilador” al proponer leyes sensibles sobre las herencias de dudosa aplicación redistributiva y de poca efectividad fiscal. Esto causa más daño por la exageración mediática del concepto que por los reales efectos, y así el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
No hay que perder el sentido de lo primordial ni soslayar el sentido de lo práctico. Por ello, lo mejor sería que se legisle para evitar la evasión tributaria de las personas con altos ingresos y dejar en paz al resto de los ciudadanos ecuatorianos.
Los críticos dicen que los economistas solo son buenos para predecir el pasado.
Dejemos atrás las discusiones sobre lo que pudo haber sido y no fue y trabajemos para un futuro más productivo, sin optimismos arrogantes ni pesimismos delirantes.
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