Martín Pallares

Con reelección no hay diálogo

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El diálogo al que he convocado es cualquier forma de intercambio de opinión con quienes tengan ideas idénticas a las mías y que estén convencidos, como yo, de que todos a los que no he invitado son una partida de vendepatrias.

Esta es la clase de diálogo que ha planteado el gobierno.
Lo hizo saber ya Rafael Correa durante el enlace del sábado anterior, cuando dedicó más de una hora para insultar y descalificar no solo a quienes habían salido a protestar, sino para pintar un cuadro donde los culpables de todos los males de la República son los ricos y su abominable egoísmo.

Lo hace saber a diario el Ministerio de la Propaganda lanzando cadenas difamatorias en contra de quienes han participado en las protestas y llamando “sepulturero” al asambleísta Andrés Páez, por haber liderado una de ellas. Lo hace esa misma maquinaria cuando en forma miserable saca en una cadena los rostros y las identidades de los empleados de ciertas concesionarias de vehículos que estuvieron en las protestas, sugiriendo a sus empleadores que los despidan.

Lo hizo saber Pabel Muñoz, el funcionario encargado de llevar adelante el “diálogo”, cuando dijo que solo podrán participar en él los actores de “buena fe”, reservándose para él o su jefe la discrecionalidad de habilitar como tales a los “invitados”.

¿De qué diálogo se puede hablar si se anuncia una reforma a la Ley de Comunicación para que la Secom tenga capacidad de coactiva para embargar los bienes de los medios de comunicación? ¿De qué diálogo pueden hablar aquellos que promocionan un debate sobre el “país que queremos” si el Ministro de la Propaganda llega al absurdo de no solo imponer abusivamente a un diario título y diagramación a una de las “réplicas” del Gobierno sino una columna de opinión con una foto suya incluida?

Un diálogo sobre la concentración de la riqueza y la equidad, como dicen promocionar, luce absurdo y sin sentido cuando el que convoca no ha tenido el más mínimo pudor para concentrar todo el poder posible y no rendir cuentas sobre cómo se ha administrado la riqueza de la nación. ¿Se puede hablar de equidad cuando el uso del poder ha sido descaradamente inequitativo? Ahí está, como muestra fresca, la elección de un Consejo de Participación Ciudadana con delegados cuya independencia del Ejecutivo está más que puesta en duda o en la confiscación de la administración de los fondos de cesantía de los maestros.

En las actuales circunstancias, no hay diálogo que sea posible, además, sin que se tome en cuenta el tema de las enmiendas constitucionales que el gobierno pretende aprobar para que la reelección indefinida sea posible. Es esa enmienda, abiertamente inconstitucional, la que debe estar en la mente de todas las fuerzas cívicas que, por ahora, han logrado suspender el trámite de los impuestos a la herencia y la plusvalía.

Si no se logra desmontar la aspiración de perpetuarse en el poder, nada de lo conquistado en las calles habrá servido.

mpallares@elcomercio.com