Ahora que el gobierno del presidente Lenín Moreno está dando mayor apertura al diálogo, los representantes de los sectores productivos han planteado varias propuestas para reactivar la economía. Desde la eliminación del pago anticipado del Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), hasta la derogación de la Ley de la Plusvalía, el alza adicional de los aranceles para seguir sobreprotegiendo a la industria local o la reforma de la Ley de Alianzas Público-Privadas.
Muchas de éstas, aunque tienen mucho sentido, en ciertos casos no pasan de ser un pliego de peticiones que beneficia solo a un sector y deja intactos los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Uno de ellos es el desempleo y subempleo.
Sin embargo, la cifra que más preocupa es la del subempleo. De acuerdo al INEC, 1,6 millones de personas son subempleadas en el Ecuador. De esta cifra, el 14,2% está en condición de subempleo menos de 1 año, el 52,6% de 1 a 10 años, el 22,8% de 11 a 29 años y el 10,3% más de 30 años. Es decir, las posibilidades de acceso a un empleo formal de este sector de la población económicamente activa son cada vez más limitadas.
Lo grave de todo no solo radica en las consecuencias que produce a nivel individual y familiar sino especialmente a nivel de la economía. La existencia de altas tasas de subempleo subutiliza la mano de obra y afecta a la capacidad productiva de un país.
La reducción de la jornada laboral sería una medida que permitiría bajar las tasas de desempleo y subempleo. Esto no quiere decir que las empresas e instituciones trabajen menos, sean improductivas e ineficientes. No. Todo lo contrario. La reducción a 6 horas diarias, por ejemplo, permitiría que existan durante el día 2 turnos de trabajo (de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00). En el caso de las empresas que decidan tener más del turno de trabajo (lo cual siempre sería optativo), el aumento del número de empleados tendría como resultado un incremento de la productividad.
Sin embargo, esto no debería llevar a una ampliación del tamaño de la burocracia en el sector público (debería existir únicamente un turno diario) sino a reducir la carga que actualmente se tiene por concepto de gasto corriente. De igual modo, aunque debería revisarse la figura del nombramiento definitivo (lo cual ha sido nefasto para el sector público) al menos debería tomarse en consideración aumentar el porcentaje de la nómina bajo contratos ocasionales (del 20% al 40% por lo menos).
Otro aspecto positivo de la reducción de la jornada laboral sería el aumento del número de asegurados al Instituto de Seguridad Social (IESS). A más de dar cobertura a más ciudadanos, esta medida contribuiría a la capitalización financiera del IESS.
Esta propuesta permitiría también la incorporación al mercado de nuevos consumidores (con mayor capacidad de compra), aumentando con ello el consumo, así como dinamizando y reactivando la economía.