Farith Simon

Rectificación y abuso del derecho

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10 de March de 2014 00:01

En muchas ocasiones, más de lo que nos gustaría, los medios de comunicación social (públicos, privados, comunitarios) cometen errores al tratar ciertas noticias, ya que estas pueden no estar verificadas, contrastadas, ser imprecisas o estar descontextualizadas. La Constitución contempla el derecho de rectificación y la Ley Orgánica de Comunicación establece la forma de hacerlo. Una persona que se sienta afectada por la difusión de información (sobre ella, sus familiares o los asuntos públicos a su cargo) que tenga deficiencias en la "verificación, contrastación y precisión", puede solicitar al medio la publicación gratuita (en el mismo espacio, características, lugar, horario o tiempo) de la rectificación. Si el medio no "viabiliza" esa publicación dentro del plazo legal, el presunto afectado puede solicitar a la Supercom, previa calificación de su reclamo, varias medidas administrativas.

Es frecuente leer en medios -especialmente privados- rectificaciones en su mayoría solicitadas por funcionarios públicos; parece que estos prefieren dar curso a las peticiones y evitar un proceso de resultado incierto.

Algunas rectificaciones, sin juzgar su corrección, se limitan a aclarar los temas considerados imprecisos, no verificados, no contrastados o descontextualizados; veamos un claro ejemplo de lo que se conoce como abuso del derecho. A propósito de una nota, sobre el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, el Ministro del Interior, encargado del Ministerio de Justicia, solicita a EL COMERCIO una rectificación relativamente sencilla: pide que no se hable de "cárceles" sino de "Centros de Rehabilitación Social" (CRS) y que no se les diga "presos", "reos", "internos" a las "personas privadas de la libertad" (PPL); que el medio debió informar sobre la situación del sistema de rehabilitación hace siete años; que el traslado era necesario, estaba planificado y era complejo; que el CRS estaba terminado en la sección a la que fueron llevados las PPL; y, que las condiciones son adecuadas y mucho mejores a las que tenían antes.

La larga comunicación no se limita a ello, está llena de adjetivos y descalificaciones. Se acusa al medio, entre otras cosas, de "infamia", "cinismo y manipulación", "lasciva política editorial", "intención insana", "malsana intención", "vil forma de engañar", "deshonesto poder de manipular la verdad", "afán de contribuir en la destrucción del país, de sus estructuras y valores, como triste factura de su deshonesta política empresarial".

Un claro exceso, un aprovechamiento de una posición jurídica, una situación que no puede aceptarse en circunstancia alguna. En nombre de la protección de un derecho no puede afectarse de forma indebida la posición, derechos e intereses de otros, esto sin examinar la legitimidad del pedido, el abuso del derecho torna en ilegítima la actuación de quien así procede.