Carlos Jaramillo

Reconstrucción y suspicacias

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Luego del terremoto del 16 de agosto de 1868, que destruyó Ibarra y varias poblaciones contiguas y es considerado como el más mortífero registrado en Ecuador, ya que dejó más de 20 000 víctimas y algunas decenas de miles de heridos, el presidente de la República de entonces, Juan Javier Espinosa, designó jefe civil y militar de la provincia de Imbabura a Gabriel García Moreno, con amplias facultades para la reconstrucción de los graves daños.

Otro cataclismo de amarga recordación causó más de 6 000 muertos, la destrucción de gran parte de la ciudad de Ambato y virtualmente borró del mapa varias poblaciones de la provincia de Tungurahua, el aciago 5 de agosto de 1949. El presidente Galo Plaza conformó una Junta de Reconstrucción, autónoma, presidida por Sixto Durán Ballén.

En ambos casos, que son tan sólo ejemplos de la forma en la que se afrontó la reconstrucción de los daños ocasionados por severos movimientos telúricos, los resultados merecieron el agradecimiento de los damnificados y de todo el país.

El presidente Correa creó un Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el sismo de hace tres semanas, que ocasionó cerca de 700 muertos y graves estragos materiales. Lo preside el Vicepresidente de la República y lo integran varios “ministros coordinadores”, la Secretaría de Senplades y dos o tres autoridades seccionales de dichas provincias. Pero los “malpensados”, que se multiplican incesantemente, han expresado suspicacias de que constituye otro ente sumiso al Gobierno, dada la posición de sus miembros, quienes tendrán que atender, al mismo tiempo, este encargo y sus funciones específicas, y que hay el peligro de que no se utilicen para la reconstrucción todos los fondos destinados para el efecto, sino que, con algún subterfugio, se los distraiga para solucionar acuciantes problemas fiscales.

Una vez que se ha dispuesto la evaluación de los daños materiales causados por este sismo, economistas serios han advertido que no debe confundirse el costo de dichos perjuicios con las cantidades que deberá destinar el Gobierno para su reparación, ya que buena parte será cubierta por compañías aseguradoras, por las propias empresas propietarias de inmuebles afectados, por organismos nacionales e internacionales, etc.

Así mismo, el Presidente se ha hecho eco de los múltiples pedidos de que se deshaga de bienes del Estado, algunos de los cuales sufren cuantiosas pérdidas, como Tame, los canales incautados, etc., pero nada ha dicho sobre la supresión de tantos ministerios innecesarios y sobre tantos gastos superfluos.

Sería bien visto que se reconsidere la conformación del cuestionado comité y que se lo sustituya con otro autónomo, del que formen parte ciudadanos sin tacha que se dediquen exclusivamente a tan importante tarea y que no tienen que ser necesariamente miembros de Alianza País, ya que no se trata de un asunto político.