Carlos Larreategui

¿Quo Vadis?

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31 de October de 2012 00:01

La decisión del Gobierno de expropiar las utilidades de la banca para financiar sus programas no debería sorprender a nadie; la lógica del modelo de Alianza País conduce fatalmente al agotamiento de los ingresos públicos y a una forzosa confiscación de los recursos privados. Las exacciones a la banca son las primeras muestras de esta trayectoria y no es aventurado prever que otros sectores económicos serán afectados de la misma manera por haber registrado millonarias ganancias en estos cinco últimos años.

El proceso de la denominada revolución ciudadana ha entrado en una fase extremadamente peligrosa. Mientras el gasto público se incrementa irrefrenablemente y se torna rígido, los ingresos pasan a depender de fuentes altamente volátiles como el precio del crudo o las utilidades ocasionales de la banca. Muchos consideran que la decisión de expropiar las utilidades del sector financiero fue el resultado de una explosión temperamental del Presidente causada por la intervención de Guillermo Lasso y su propuesta de incrementar el bono de desarrollo humano con los gastos publicitarios del Régimen. Un análisis más detenido y sereno sugiere, sin embargo, que la medida responde a la creciente necesidad del Gobierno de contar con recursos que sostengan su modelo estatista y clientelar. La idea de Lasso fue aprovechada como un pretexto para capturar esos recursos y de paso fortalecer la postura electoral de Alianza País frente a los próximos comicios.

Los ecuatorianos debemos tener claro que la decisión del Ejecutivo nos lleva a un escenario inédito que liquida toda expectativa de lograr un incremento de las inversiones privadas nacionales (de inversiones extranjeras mejor ni hablar). Las cuantiosas ganancias registradas por los grandes grupos empresariales ligados al consumo y al gasto público no serán reinvertidas en actividades productivas y buscarán refugio en el extranjero. Sin inversiones privadas no habrá un crecimiento orgánico de la economía y los desequilibrios seguirán profundizándose.

Estas y otras evidencias refuerzan la hipótesis de que el esquema económico aplicado por la revolución ciudadana es incompatible con la dolarización adoptada en 1999. Una economía rentista y mercantilista como la ecuatoriana, en que los ganadores y perdedores de la actividad económica son designados ‘a dedo’, requiere instrumentos monetarios libres de toda esa disciplina fiscal que exige la dolarización. Mientras el Gobierno no pueda contar con ellos y con la poderosa máquina para imprimir billetes, los recursos del sector privado constituyen una fuente de financiamiento indispensable.

Las variables anteriores llevan inevitablemente a pensar que la dolarización de la economía ecuatoriana no es sostenible en el mediano plazo.