Farith Simon

Quintana y otros

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11 de February de 2013 00:03

Estimados lectores, les invito a mirar el video de la audiencia efectuada, la semana pasada, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso "Quintana Coello y otros vs. Ecuador", es decir, el proceso llevado ante esa instancia, por violaciones a varios derechos de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados en 1997 y removidos por el Congreso Nacional a fines del 2004, durante el régimen de Lucio Gutiérrez.

Las intervenciones de los representantes del Estado ecuatoriano, y de sus peritos nacionales, parece un ensayo de defensa del proceso político de Alianza País, de su reforma de justicia y de la selección de la actual Corte Nacional de Justicia.

Pueden escuchar, por ejemplo, a uno de los peritos del Estado, explicando de manera muy entusiasta, el papel de las élites en el proceso de nombramiento de la Corte Suprema en 1997, y cómo en el 2008, en su opinión, esas mismas élites "lloraban" porque habían perdido el control sobre todas las funciones del Estado. En el momento más dramático de su comparecencia declaró "que el proceso era imperfecto, pero perfectible", cerrando su alocución con un contundente, y un poco desproporcionado: "No lo voy a detener, lo voy apoyar", en referencia al proceso político en marcha.

El Estado se allanó parcialmente a la demanda, reconoció su responsabilidad internacional por la cesación de los ex magistrados. La razón para hacerlo, de acuerdo con la Procuraduría, no son los derechos de los involucrados sino precautelar la institucionalidad jurídica de la República, la vigencia de la Constitución y la existencia de una nueva estructura judicial representada por la Corte Nacional.

La destitución de la Corte del 97 fue uno de los actos políticos más burdos de la historia reciente, que pasó factura a varios de los responsables y, como vienen las cosas -por la segura condena que dictará la Corte Interamericana por el allanamiento parcial-, el tema se reactivará a nivel local. Me parece que el caso podría tener consecuencias no esperadas por el régimen, varias de las violaciones se produjeron luego de la remoción de los magistrados, resultado de la inexistencia de procedimientos idóneos para la protección de derechos y por la falta de independencia de la justicia; a lo que debería sumarse el hecho de que la Asamblea Constituyente cesó a varios funcionarios que ejercían sus cargos dentro de sus períodos legales, configurando una situación similar a la que se discute.

Es cuestión de tiempo, en los próximos meses conoceremos la sentencia y sabremos si una defensa basada en resaltar los "avances" de la Constitución del 2008 en materia de derechos humanos y los cambios institucionales en la justicia, son argumentos suficientes para que se diga, internacionalmente, que "ahora sí" tenemos funciones independientes con capacidad para garantizar derechos.