Los atropellos a las instituciones y el manoseo de normas constitucionales y legales por sobre el ordenamiento jurídico se profundizan.
Se suma la acuciante crisis económica, que se sentía antes del terremoto, que le hace perder la cabeza al poder porque no atina a cubrir el hueco fiscal debido al despilfarro y el enorme gasto público, que le tiene alterado y dispuesto a meter presos a damnificados que se quejen.
Allí está el empeño de humillar hasta a FF.AA., que han tenido gestas destacadas en defensa de la soberanía y la integridad territorial (la guerra del Cenepa).
Pilar fundamental del sistema democrático, como demostraron para superar la crisis del 30-S, aunque eliminaron la norma de la Constitución.
Trataron de congraciarse con la aceleración de la homologación de salarios, dotaron de recursos para hacer malas compras: los pésimos helicópteros Druhv. Quisieron dividir a oficiales y tropa y transformar en FF.AA. de la
revolución ciudadana, como se hizo en Venezuela, pero acá la situación es diferente.
Hay un probado profesionalismo y una formación institucional. Una ministra llamó a la institución a defender este proyecto político, pero no tuvo eco. Intentaron congraciarse con la inclusión de una enmienda constitucional que
garantiza las pensiones de retiro, aunque hoy no cumplen con asignaciones y se suspenden créditos quirografarios e hipotecarios y tarda la entrega de cesantías.
Han causado daño al buen sistema educativo de colegios militares.
Como no lograron su objetivo político, disponen un débito arbitrario al Issfa de 41 millones, sin observar los procedimientos legales y el debido proceso. La venta tuvo la venia presidencial, la autorización de dos ministros y la firma de escrituras públicas, ley para las partes. Se han negado a convocar a reunión del Directorio del Issfa, pese al pedido de los comandantes. Se preocupan de hechos menores: el decreto 945 dispone que no hayan distinciones entre oficiales y tropa en comedores y lugares de esparcimiento.
Intentan eliminar las agregadurías militares en las misiones diplomáticas, que geopolíticamente son más importantes que los consulados que abrieron, fracasaron y cerraron, con un enorme derroche de dinero.
Señores comandantes, actuales o los que vengan, frente a la amenaza, mantengan la defensa institucional y recuerden que la Constitución no les exime de responsabilidad por la obediencia a órdenes superiores.
Señores militares, no caigan en provocaciones aunque estén muy molestos. Está bien que esto les haya cohesionado y piensen que este proyecto político, que tiene al país en la peor crisis económica de los últimos años, duraría máximo hasta el 2017. Más bien allí deberán colaborar, como parte de la seguridad integral del Estado, como dice la enmienda, para perseguir antes de que abandonen el país por tantos casos de corrupción y abusos.