León Roldós

¿ Quiénes son?

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Pregunta reiterada los últimos días al conocerse, por la delación de los ejecutivos y funcionarios de Odebrecht, de los pagos a quienes decidían o influían sobre la contratación pública en los gobiernos de los países en que hacían negocios, de la mano y auspiciados por los entornos del poder –entonces del Partido de los Trabajadores- de la potencia que es Brasil, en cuanto a los que se habrían hecho por contratos en el Ecuador. Hay un desborde de corrupción, que el poder se niega a admitirlo.

Frases como la reciente de que no se aceptará acusación o insinuación contra los del gobierno de no presentarse las pruebas de la corrupción, llevan a recordar que para los actos de corrupción no se llama a un Notario que dé fe de aquello. Un anecdótico gobernante, cuando tenía la percepción de un comportamiento indebido de un colaborador, le pedía la renuncia y aclaraba “no me pida que le pruebe la pillería, no lo estoy sacando porque lo crea idiota, que anda dejando pruebas, sino porque lo creo pillo”.

¿Qué es lo indispensable?, que hayan controles oportunos y que no se produzcan percepciones de encubrimientos o protección bajo diversas formas.

Y ahí están las debilidades del gobierno.

No hay trasparencia para que hasta en los detalles los actos del poder y la contratación pública, sin reserva alguna, sean de acceso para todos, medios de comunicación y ciudadanía. Desde el 2007 se desmanteló la normativa para el control precontractual – por ejemplo, los pronunciamientos previos de la Contraloría y la Procuraduría-, sin que haya una sustitución confiable.

Luego se le privó a la Contraloría de su competencia para la auditoría de gestión, condenándola a lo que fue en su origen décadas atrás, un tribunal de cuentas y algo más. Alguien –quizás con exageración- ha expresado que podría parecerse a una “sala de velaciones” de lo pasado, condenada a producir decenas de informes con “indicios de responsabilidad penal”, de manejo reservado. ¿Cuántos se convierten en procesos penales y cuáles son los casos?.

El tufo del proteccionismo - encubrimiento, para unos; y, de persecución, para otros, se convierte en hedor de no haber transparencia. Los casos de Pedro Delgado y otros, hasta que el estallido ha sido imparable, lo demuestran.

Además, hay frases de, por lo menos, grave ingenuidad, como aquella reciente de que en las coimas y sobornos, hay ilícitos, pero no perjuicios para el Estado, porque lo que hacen los que lo pagan, es compartir “su comisión” o “su ganancia”. Falso. Lo ilícito –por cohecho, coimas, sobornos o extorsión- nunca es una “simple participación en las ganancias” del contratista, está inserta en los costos y en sobreprecios. De haber transparencia se evidenciaría.

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