13 de March de 2011 00:00

¿Pugna con la Iglesia?

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En los últimos días, el presidente Correa ha amenazado con impugnar el nombramiento de los obispos de la Iglesia Católica. Según el Mandatario, el ‘Modus Vivendi’ -un documento firmado entre el Vaticano y el Estado ecuatoriano, en 1937- le permitiría vetar las designaciones de los jerarcas de aquella Iglesia.

Como era de esperarse, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Arregui, ha rechazado tal pretensión, argumentando que se trataría de un acto no solo ilegal, sino también antidemocrático. ¿Recién se abren los ojos del Monseñor que hace cuatro años simpatizaba con la candidatura de Rafael Correa solo porque este proclamaba a voz en cuello su fe católica y se dejaba retratar comiendo hostias en actitud contrita?

Al parecer, esta polémica entre el Gobierno y la Iglesia Católica se remonta a un viaje que el inefable vicecanciller Kintto Lucas hizo a Nueva Loja para investigar supuestos hechos de “activismo político y propaganda religiosa ilícita de los Heraldos del Evangelio”, según narra una crónica periodística guayaquileña.

Los Heraldos del Evangelio -explica la misma nota de prensa- es la comunidad religiosa que tomó control del Vicariato de Sucumbíos, luego de que los Carmelitas Descalzos administraran aquella instancia durante 40 años. Algunos parroquianos no están precisamente felices con esta decisión de la Santa Sede y han manifestado públicamente su descontento. El vicecanciller Lucas ha expresado su honda preocupación por que ese disgusto pueda ser “un factor de división de la sociedad en una zona muy sensible, que puede llevar a problemas de seguridad del país”, informa la antes mencionada nota periodística.

Resulta entonces que el nombramiento de un obispo -una medida puramente administrativa de una institución que debe funcionar separada del Estado- es ahora un acto que puede provocar trastornos a la seguridad del Ecuador. El tema de fondo en este enfrentamiento es la posibilidad de tener influencia política en una zona determinada del país. Para conseguir ese objetivo, el Régimen no tiene resquemor de instrumentalizar políticamente a la Iglesia y, de paso, a la religión católica.

Hace algunas semanas el mismo Régimen que ahora objeta las decisiones del Clero quería reinstaurar las clases de religión en los planteles públicos. ¿Cómo se entiende esa aparente contradicción? Es que no hay contrasentido alguno: los estrategas del Gobierno utilizarán la carta religiosa o laica en función de sus intereses políticos de coyuntura, la que le dé más réditos en ese momento.

El problema con una estrategia así está en su costo a mediano plazo: una nueva institución -esta vez la Iglesia- es atacada, provocando un riesgo de mayor polarización, porque esta vez se involucrarían a las creencias de los ecuatorianos.

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