Marcelo Ortiz

Ahora el pueblo ocupará las calles

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mortiz@elcomercio.org

A pesar de que hay un largo período hasta las elecciones, el pueblo no estará aletargado en estos 30 meses. La última expresión electoral fue el 13-02-2014, cuando el Gobierno perdió 13 alcaldías y cuatro prefecturas (Azuay la más importante).

Fuera del esquema del silencio forzado, la Corte Constitucional se desperezó a los 14 meses, y confirmó en sentencia inapelable (17 de septiembre-2014) la plenitud máxima de la Ley de Comunicación. Ese día, en marcha pacífica, ordenada y nada agresiva, con carteles bien diseñados, el pueblo ocupó las calles de Quito y de otras capitales de provincia por convocatoria del sindicalismo. Así fue expresada la fuerza interior que poseen las personas en su subconsciente. Ya venció el miedo y anticipó que las calles son los escenarios más tradicionales, aquí y en todos los países del mundo desde Caracas hasta Hong Kong-China.En ausencia de objetivos electorales, esto es, candidatos que influyan con sus promesas, nuestro pueblo no se transformó en multitud eufórica, y esa fuerza interior se personalizó, conservó su sentido crítico y fue advertencia clara de que continúa su vida cotidiana sustentada en salarios básicos o en ocupaciones marginales, o en búsqueda del mínimo para vivir, o más aún en la desocupación. Esos millares formaron corrientes humanas, no fueron motivados por leer la prensa diaria, y peor las páginas editoriales, primó su espontaneidad para salir a las calles, sin que ningún movimiento político o partido ofrezca transportarles, peor aún por recibir refrigerios o auxilio económico.

Dejaron de ser masas crédulas que siguen a uno o más líderes o caudillos omnipotentes, y están compactas para abrir las puertas que han sido cerradas por marañas legales, tales como Códigos Penales, Reglamentos o por la Ley de Comunicación. Se creó la Superintendencia de Información y Comunicación para restringir, o casi suprimir nuestro derecho a la expresión y a la comunicación irrestricta, y dejar la vía libre para que “la verdad oficial” tenga sabatinas, y sea transmitida en dos canales de TV y docenas de emisoras. Ahora sí, habrá más rigor para sancionar “el linchamiento mediático”; y en pocas semanas comisarios a observarán el trabajo de los medios privados de comunicación independiente, incluida la prensa, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, termine de seleccionarlos. Todo bajo el manto de que la comunicación es un “derecho público”, cuando constituye un derecho natural, consustancial con la existencia humana.

Hay que recordar y felicitar a quienes presentaron demandas bien argumentadas de la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. Ellos fueron el asambleísta Luis Fernando Torres, Diego Cornejo, y César Montúfar, exasambleísta quien detuvo por varios años su expedición. Ninguna prueba fue aceptada. Una vez más se comprobó que esa Corte es una muralla para defender al Gobierno.