Existen varias corrientes feministas, pese a sus diferencias conceptuales se puede afirmar que buscan -con diferentes matices- terminar con una sociedad patriarcal que consideraba (y que en algunos contextos culturales y religiosos se mantiene esa mirada) a la mujer como un ser inferior, negando la humanidad a más de la mitad de la población.
En las versiones menos extremas de esta discriminación se sostenía que las mujeres tenían un rol limitado a las labores de esposas y madres, que su existencia estaba destinada para hacer más cómoda y feliz la vida de los otros (padres, maridos, hijos). Lo público era una cosa de hombres, algo asumido como ley de naturaleza, reforzada por la normativa al servicio de esta idea.
La dicotomía público-privado, alterada en algo por la revolución industrial, debido a la incorporación masiva de las mujeres como mano de obra (sin que esto significara una superación del patriarcado o el reconocimiento de la igualdad de derechos), no se tradujo en cambios en nuestro país hasta bien entrado el XX (son notables y excepcionales las mujeres en la vida pública ecuatoriana); porque reconocer su ciudadanía y el derecho al voto, implicó un paso importante en este proceso de reivindicación y de reconocimiento de derechos, muchos otras formas de exclusión, discriminación y negación siguen presentes.
Lo público y lo privado, la idea de superioridad, la noción de propiedad sobre el cuerpo y la vida de mujeres ocultó un problema de dimensiones epidémicas, la violencia contra las mujeres, ya que las relaciones de pareja y la familia como espacio privado donde el Estado tenía vedado su ingreso para todos los efectos, permitió, promovió y mantuvo los abusos más abominables.
La violencia contra las mujeres (en cualquier de sus dimensiones) no es un tema privado, se encuentra en el centro de la búsqueda de una igualdad que no se limita a los textos legales, implica que en cada caso se demuestre un rechazo a toda práctica que trate a un ser humano como de propiedad de alguien, que puede provocársele daño sin que exista una respuesta estatal porque supuestamente es algo “íntimo”, personal, privado. No puede tenerse un enfoque neutro en este tema, es decir tratar la violencia contra cualquier persona en el ámbito privado de la misma forma, porque los números son claros, la casi totalidad de casos de violencia en la familia tiene como víctimas a quienes son más vulnerables (mujeres, niños y niñas), en tanto que en las relaciones de pareja (heterosexuales) los agresores son fundamentalmente los hombres.
Pedir que un acto de violencia de pareja sea tratado como asunto privado a estas alturas es buscar condiciones para la impunidad, en lo privado las mujeres tienen las de perder, allí son tratadas como culpables de ser violentadas, allí se les reprocha casi siempre, porque nuestro machismo sale a flote una y otra vez. Llevarlo al espacio de lo público nos permite enfrentarlo como lo que es, un problema grave que nos carcome como sociedad.