El plazo que se auto impusieron las autoridades para firmar los contratos mineros expiró a fines de septiembre. Se suponía que ya había acuerdo sobre todo lo de fondo. Pero pasó el plazo y nada.
En días pasados, el Presidente anunció que se firmarían en “las próximas semanas”. Hoy culminan las fiestas de Quito y se inicia la temporada navideña. Estamos en la época menos productiva de la función pública. Terminará el año y no habrá contratos mineros.
¿Qué detiene su firma? El Ministro Pástor informa que el Gobierno quiere regalías de entre 5% y 8% para oro y entre 6% y 8% para cobre, dependiendo del precio. Aparentemente ese punto álgido no está resuelto.
El próximo año la Asamblea aprobaría la ley de aguas, también adelantó el Ministro, lo que hace presumir que las empresas no se apresuran a firmar hasta que haya seguridad jurídica.
La ley de Minas no es orgánica (no tenía por qué serlo) y la ley de aguas puede tener disposiciones que impidan la explotación de minas.
Las empresas estarían renuentes a firmar contratos, entregar regalías anticipadas -el Gobierno pretende USD100 millones de cada una de los dos grandes, Ecuacorriente y Kinross- y luego no poder salir adelante con sus proyectos.
La conflictiva situación en Zamora, donde están estas minas, también pesaría. En el referéndum se evidenció una pérdida de popularidad presidencial en esa provincia, de lo que puede deducirse que la población no está particularmente entusiasmada por las perspectivas de la bonanza minera que se les viene.
En este contexto hay el antecedente de lo que pasa en Perú. Allí, la minería le representa el 60% de sus exportaciones y el 30% de los ingresos fiscales. Por décadas la minería se ha desarrollado sin mayores tropiezos con la población. Pero este año eso cambió.
La multinacional Newmont detuvo el proyecto Conga, en Cajamarca, en el que tiene previsto invertir USD 4 800 millones, por oposición desde la comunidad por quienes consideran que la minería es una amenaza para su acceso al agua. Conga debía comenzar a producir gran cantidad de oro desde el 2015. Antes, se paralizaron otros tres proyectos. Está en riesgo una inversión de USD 50 000 millones para los próximos diez años.
El Ecuador no es minero pero tiene potencial para entrar en las grandes ligas mineras. El Presidente ha dado su respaldo al desarrollo minero, en tanto y en cuanto la participación del Estado en la renta minera esté dentro del margen que estima adecuado.
La reciente visita a Zamora, que culminó en el enfrentamiento verbal con el prefecto Quishpe, quien lidera la oposición a la minería, es muestra de ello.
Tan cerca de la gran minería… pero a la vez tan lejos. ¿Habrá contratos “las próximas semanas”?