El Frente Unitario de los Trabajadores, FUT, la Conaie, el Ecuarunari, la Federación Médica y otras organizaciones sociales, han convocado a una movilización nacional de protesta para el próximo miércoles 17 de septiembre. De antemano sabemos que los medios oficiales saldrán a desprestigiar la acción, pero los trabajadores tienen derecho a protestar. Y, además, tienen razón al hacerlo. En la publicación mensual “Opción S”, Marcela Arellano plantea que la reforma política y la reforma legal del gobierno “dan continuidad a la política de flexibilización laboral desarrollada en la etapa neoliberal, profundizando la regresión de los derechos de las y los trabajadores ecuatorianos”.
Y luego añade: “La reforma legal restrictiva de derechos está acompañada de una fuerte campaña de desprestigio a la organización y las conquistas sociales, ubicando a los intereses que defienden los sectores populares como intereses corporativos contrapuestos a los intereses generales de la población y el Estado. Otra de las prioridades del Gobierno ha sido el control de la organización social; para ello, desde las esferas del poder estatal se ha desarrollado una estrategia política de división, manipulación, cooptación y criminalización de la lucha social”.
La plataforma levantada por la movilización plantea la defensa de los derechos laborales que el nuevo Código del Trabajo se propone conculcar, el fin de la criminalización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos, la reforma de leyes como la de aguas, comunicación, respeto a las convenciones internacionales, oposición a disposiciones anti populares que se han planteado en el proyecto de la Ley de Tierras, y la adopción de una política agraria con las reformas que el propio gobierno ha ofrecido sistemáticamente y no cumple.
Se plantea la resolución de los conflictos laborales pendientes, rechazo a la apropiación de los fondos de cesantía, y la de las utilidades de los trabajadores de telecomunicaciones, implementación de una política de empleo digno, solidaridad con las organizaciones en conflicto y con los luchadores sociales perseguidos.
Muchos podrán pensar que, como en otros tiempos, estas plataformas tan amplias son pura retórica y están destinadas a no ser atendidas, sobre todo por un gobierno acostumbrado a imponer las cosas “que van porque van”. Pero la acción del próximo 17 de septiembre y sus planteamientos son importantes porque permiten tener claras las demanda populares frente a la imposición del “capitalismo del siglo XXI”, porque solo cuando se reclama se comienza a conseguir los objetivos propuestos, y sobre todo, porque ese será un momento en que el pueblo del Ecuador dé un paso para recobrar lo que la propaganda reaccionaria ha combatido rabiosamente: el derecho irrenunciable a la protesta.