Andrés Jaramillo

La protesta y las deudas del Gobierno

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El reclamo público comienza a institucionalizarse como una vía para lograr que los organismos del Estado cumplan con sus obligaciones financieras o se pongan al día.

Un caso reciente fue el de los profesores de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), que se conoció esta semana. Ellos aseguraron que unos 140 docentes, que laboran bajo la modalidad de contrato, no recibieron sus sueldos desde septiembre del año pasado.

Llegaron a la rueda de prensa luego de agotar los mecanismos formales para pedir a las autoridades que se cancelaran sus haberes. No lograron una respuesta favorable hasta que se expuso su caso ante el país, a través de los medios de comunicación.

Pocas horas después, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se comprometió a iniciar los desembolsos, la siguiente semana.

Pasó algo similar con el caso de Solca y la deuda por las derivaciones médicas de los pacientes con cáncer, del sistema pública de salud. Los directivos tuvieron que publicar un remitido de prensa, para que el tema entrase en la agenda de prioridades del Régimen. Lo mismo pasó con las clínicas de diálisis y con los proveedores médicos externos del Seguro Social.

Esto revela un problema grave, que va más allá de la crisis económica que enfrenta el país. Evidencia la ausencia de espacios de gestión de gobierno donde se puedan dar soluciones prácticas a los problemas cotidianos de los sectores sociales.

Si esto no cambia, los reclamos no solo se incrementarán sino que podrían subir de tono y migrar a las calles. Ya hay quejas de alumnos de las universidades cerradas porque les han informado que los cursos de su plan de contingencia se suspenden, por la falta de pago a los profesores.

Ignorar los problemas hasta que se salgan de las manos para encontrarles una solución no puede convertirse en la lógica de trabajo de las instituciones públicas.