Daniela Pastrana

Protección a periodistas en América Latina falla

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El reportero mexicano Cecilio Pineda Brito cubría temas de narcotráfico en una región del sureño estado de Guerrero, conocido por el control que ostentan en ella los grupos criminales.

En septiembre de 2015 había sufrido un atentado y su condición de “altísimo riesgo” lo hizo beneficiario del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que existe en México desde diciembre de 2012.

Le asignaron medidas de protección, que básicamente consistían en rondas policiales. Le ofrecieron irse a un refugio en Ciudad de México. Se negó.

En octubre de 2016, los responsables del mecanismo decidieron quitarle la protección; cinco meses después, Pineda Brito se convirtió en el primer periodista asesinado en 2017 en el país puntero en violencia contra la prensa en el continente.

Después del asesinato de Pineda Brito, siguieron seis semanas de terror en que fueron asesinados tres periodistas más, mientras otros dos fueron víctimas de graves atentados con armas de fuego en diferentes puntos de este país de 118 millones de personas.

El asesinato más impactante fue el de Miroslava Breach, una periodista con una larga y sólida trayectoria que enviaba información al diario La Jornada desde el norteño estado de en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y que cubría información política.

Pero el de Pineda Brito puso en evidencia la ineficacia de los mecanismos institucionales para la protección de los periodistas que existen en la región.

“Este último año ha quedado claro el fracaso del modelo de protección estatal exportado de Colombia a México y recientemente a Honduras”, dijo Ricardo González, oficial de Protección y Seguridad de la organización internacional Artículo 19, con su base central en Londres y dedicada a la defensa de la libertad de expresión.