Washington Herrera

Promover competencia

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12 de July de 2011 01:00

La inflación de precios por motivos especulativos y no debido a una subida de costos se produce generalmente por el uso abusivo de la posición dominante del mercado que alcanza una empresa monopólica o pocas empresas oligopólicas.

En dolarización el control de estas fuerzas inflacionistas es básico, para no perjudicar a los consumidores. Quizás el Ecuador es uno de los países que no ha regulado la competencia porque el tema tiene aspectos que pueden afectar a la rentabilidad de las empresas y eso todo gerente cuida al máximo. Por eso es que cuando el Congreso aprobó una Ley el 31 de octubre del 2002, el Presidente de la República encargado la vetó totalmente.

Los monopolios y oligopolios en el Ecuador son casi naturales por el pequeño tamaño del mercado.

La producción de algunos bienes necesita una escala grande para bajar los costos a niveles competitivos con los provenientes del exterior por lo que, desde el punto de vista de la competitividad internacional, esta política luce necesaria.

Muchas veces se fomentan los encadenamientos productivos que van creciendo para buscar una posición dominante que rozan con la figura del oligopolio. En el Ecuador, numerosos sectores productivos de bienes y varias actividades prestadoras de servicios son monopolios u oligopolios, tanto en el sector público como en el privado.

La concentración de la producción de bienes y servicios en pocas manos no es mala por sí misma si con ello se gana productividad. Lo que es inconveniente es que se fijen precios abusivamente altos que perjudiquen al consumidor y, en esta parte, es donde el Estado tiene que regular los comportamientos para defender el bien común.

La ley que se apruebe debe impulsar la competencia y, en ese sentido ser positiva, siempre con el objetivo de aumentar la productividad y precautelar un manejo racional de los precios.

Esto se complica porque el Gobierno alienta una política de sustitución de importaciones mediante la protección a la producción nacional, que puede inducir a rehuir a los esfuerzos innovativos que son básicos en la actividad moderna.

Entonces la ley de la selva que impera ahora puede también retrasar el desarrollo cualitativo de las empresas públicas y privadas, que significa un retraso evidente en la carrera hacia un desarrollo competitivo con el resto del mundo. La ley debe favorecer entonces a quienes se modernizan mediante la utilización de tecnologías para mejorar la calidad de la producción. Esto conviene a todos porque mejoran las destrezas de los recursos humanos y finalmente aumentan las remuneraciones de una mano de obra que también sufre los abusos de las empresas monopólicas porque no hay otras empresas que contraten a técnicos y obreros en forma libre y competitiva.