Farith Simon

Promoción de la violencia

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Cuando el Presidente de la República presentó en el enlace nacional ejemplos de una supuesta campaña “sistematizada” de desprestigio a la “revolución ciudadana” en las redes sociales, trató de manera indiferenciada mensajes en los que se promueve la violencia y los que usan la sátira y el humor para criticar y exponer puntos de vista sobre la política, el contexto, los sucesos recientes.

Los mensajes que fomentan la violencia no son parte de un discurso considerado protegido. Es un exceso que requiere de respuestas institucionales en el marco de un estado de derecho. Luego de un proceso rodeado de garantías deben determinarse responsabilidades y, en caso se existir una infracción, sancionarse.

La vulneración del anonimato y el llamado a una suerte de “linchamiento social” no puede considerarse una respuesta democrática frente a un exceso. Un abuso no justifica otro abuso. El promover la violencia es inaceptable siempre.

El caso de “Crudo Ecuador” es diferente, en sus mensajes se usa la sátira para criticar, opinar y debatir sobre temas de interés general. A muchas personas puede disgustarles sus contenidos, incluso considerarlos irrespetuosos, vulgares, groseros. Sin embargo, este sí es un discurso protegido ya que es el ejercicio de un derecho, de una libertad; por ello puede actuar bajo un seudónimo y asegurar su anonimato porque no viola la ley, no comete un delito. Las autoridades, los funcionarios públicos, deben respetar la decisión de una persona de actuar desde el anonimato a salvo de posibles represalias de todo orden.

¿Por qué dar tanta importancia a un derecho, la libertad de expresión, existiendo tantos derechos para estudiar o preocuparse, algunos por estar amenazados (por ejemplo el debido proceso, la seguridad jurídica), otros porque tiene relación directa con muchas personas(salud, educación, vivienda)? El oficialismo dirá que esto se debe a que los “poderes fácticos” defienden sus intereses y por ello le otorgan mayor importancia a un derecho liberal clásico. Se dirá, es la libertad de unos pocos.  

Sin embargo, debe manifestarse con insistencia, por encima del ruido de la propaganda y los discursos oficialistas, que la comunicación (incluye la libertad de expresión) es un bien público (no un servicio público) esencial para la democracia. Sin importar el sujeto emisor, la naturaleza de la opinión, el carácter de la pieza artística, los resultados de una investigación científica, etc.; existe un interés legítimo de toda la sociedad a estar informada, a conocer diversos puntos de vista, nuevos conocimientos, expresiones de arte o simplemente a información que consideremos de relevancia.

Cuando desde el poder se ataca a quien emite mensajes porque les causó disgusto, les incomodó, incluso si se sintieron ofendidos, se nos amenaza a todos, a nuestros derechos. Ya sabemos que el oficialismo exige una “libertad responsable”, pero que ese argumento no sirve para ocultar la intolerancia.