Farith Simon

Prohibir es la fórmula

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Uno de los legados más peligrosos de la última década es la idea de que tecnócratas y políticos se encuentran en mejor posición que los ciudadanos para decidir lo que le es conveniente para su vida.

En nombre de la protección, los derechos o el buen vivir, se han establecido prohibiciones que en muchos casos reflejan las opciones de vida o preferencias de un grupo, que al estar en el poder se arroga una posición de superioridad moral frente a los demás y usa al Estado para imponer sus creencias o convicciones. Muchas veces se utilizan para ello sustentos científicos poco convincentes o manipulados que, en la realidad, son puestos al servicio de sus prejuicios o elecciones personales.

El Ecuador de la “revolución ciudadana” es un país de prohibiciones, de restricciones y limitaciones. Los tecnócratas han elegido el camino del intervencionismo estatal, dejando de lado otras vías que habilitarían a las personas a desarrollar su autonomía y por tanto, impidiendo que conduzcan sus vidas a partir de sus propias decisiones -debidamente informadas- para optar por lo que mejor va para su proyecto de vida, incluso cuando esos proyectos pueden parecer inadecuados, imperfectos o repudiables para otros.

Son tantas las prohibiciones establecidas en estos años que es imposible asegurar su cumplimiento, lo que genera la sensación de que el derecho, las normas en su conjunto, no tienen capacidad para regular la vida social. Con tantos incumplimientos a las prohibiciones sentimos que vivimos en una sociedad anómica, en la que el no acatamiento de las normas es una de las características de la vida de nuestra sociedad, o que las reglas son cumplidas por unos pocos que no gozan de ninguna forma de poder personal o en su entorno cercano.

La nuestra es una sociedad de la “excepción”, del a “mí no”; parafraseando a Orwell: unos son más iguales que otros. En este punto quiero aclarar que no me refiero a las prohibiciones que se dirigen a impedir conductas o elecciones que afectan planes de vida de terceras personas, como la prohibición del acoso o de la violencia intrafamiliar.

Por su naturaleza, esas prohibiciones son consideradas legítimas en tanto permiten desarrollar la vida sin interferencias abusivas o, en ocasiones, se refieren a quienes no pueden aceptar o expresar su elección por no tener los medios y capacidades para ejercer su autonomía como podrían ser los recién nacidos, los infantes o las personas con una discapacidad intelectual grave o profunda.

El último ejemplo de esta perspectiva prohibicionista de un Estado paternalista, que se profundizó en el correísmo, es el proyecto de Código Orgánico de Salud, un proyecto de ley que trata temas importantes pero que refleja la idea de que prohibir es mejor que informar, decidir por los demás es mejor que fomentar la autonomía. Un paternalismo inaceptable en pleno siglo XXI.