4 de July de 2010 00:00

Prohibido permitir

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Marco Arauz Ortega

Si solo se tratara de una onda moralista y ‘new age’ que condena los juegos de azar o el alcohol, ya habría suficientes razones para preocuparse. Pero esas son solo aristas de un modo de concebir el poder desde una visión única. Ahora, con la oficiosa participación de una fiscal de provincia, se indaga a la cúpula de la Conaie por terrorismo y sabotaje tras los incidentes en la cumbre de la Alba en Otavalo.

Los indígenas protestaron frente a lo que consideran una manera de gobernar contraria a sus reivindicaciones. El cuestionamiento tuvo mayor connotación porque se dio en torno a un organismo regional que supuestamente busca alternativas a las visiones del pasado, aunque en la práctica se debate entre flagrantes contradicciones.

Mientras el presidente Chávez critica los acercamientos de Ecuador a los “enemigos” del socialismo del siglo XXI, recibe con los brazos abiertos a la petrolera estadounidense que mantiene una millonaria disputa con Ecuador, y no le molesta que el crudo venezolano fluya sin parar hacia Estados Unidos.

Nicaragua, otro prominente miembro de la Alba, y tan ortodoxo como Venezuela en materia ideológica, forma parte de tratados comerciales con Estados Unidos y con Europa, y no tiene los mismos arrestos políticos que Ecuador contra Honduras, por razones pragmáticas. Mientras tanto, Ecuador se está volviendo “sinodependiente” pero defiende la soberanía cuando se trata de otras potencias.

Es asimismo contradictorio que la institucionalidad ecuatoriana llegue a tales extremos contra un movimiento que representa la lucha de una población que adquirió voz política hace apenas 20 años. Se olvida, además, que la Constitución revolucionaria reconoce a individuos y colectivos la posibilidad de ejercer la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

Bajo esa visión unilateral, es también condenable la campaña sucia contra los medios privados a propósito del Mundial. La Secretaría de Comunicación sabe perfectamente, pues sus representantes lo escucharon en la audiencia de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que los funcionarios públicos tienen más límites que las personas comunes para ejercer su libertad de expresión, pues primordialmente tienen el deber de garantizar los derechos de la sociedad.

Se les recordó en esa ocasión que los funcionarios públicos no pueden imputar delitos, y si lo hacen -como han estado haciéndolo irresponsablemente- deben sustentar la denuncia ante el sistema judicial. Y tampoco pueden aumentar el riesgo social, algo a lo que se han dedicado desde el inicio al polarizar al país entre buenos y malos.

Si bien el discurso oficial es que los medios públicos garantizan la diversidad, cada vez se escucha más una sola voz, la del poder. Ahora se pretende legitimar este “prohibido permitir” en la Ley de Medios. Esta ceguera política y social debe cesar, pues es inviable.

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