19 de August de 2010 00:00

Prohibido olvidar

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Miguel Macías Carmigniani

El juicio contra el ex vicepresidente Alberto Dahik, se inició el 7/7/95, por una pesquisa de oficio ordenada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fundamentada en un editorial de don Jorge Vivanco, titulado “Chantaje, sólo chantaje”, en el cual menciona algunos de los más famosos casos de corrupción de esa época. Respecto a la Función Judicial, manifestó que: “Algunos ministros de la Corte Suprema pidieron cientos de millones de sucres por declarar inconstitucional una resolución oficial cuestionada. Esa plata era para el bolsillo de los magistrados, no para la Función Judicial”.

En ese editorial, Vivanco se refiere -sin mencionarlo- a denuncias hechas por el Ec. Dahik, en una reunión con varios representantes de medios de comunicación colectiva donde éste “hizo la declaración utilizando la palabra chantaje”, y diferenció la forma en que se pedía el dinero y su destino según el caso. Vivanco posteriormente declaró en la CSJ, por pedido de su Presidente, que Dahik “describió un fenómeno general en que estaba envuelto el Gobierno por pedidos de grandes sumas de dinero, pero nombró únicamente a instituciones, por ejemplo jueces de la Corte Suprema de Justicia o grupos de diputados'”. En esa reunión, Dahik, según Vivanco, comentó acerca del pedido de una inmensa cantidad de dinero por parte de varios diputados, quienes debían informar sobre la ampliación del oleoducto, aclarando que no les dio dinero, pero sí altos cargos en Inecel y en Petroecuador, y que casi textualmente dijo, “yo mismo, con mucha repugnancia tuve que autorizar 5 nombramientos, en donde sé que están robando desaforadamente”. Pregunto: ¿Es esto ético? ¿El fin justifica los medios?

El 28/7/95, varios diputados acusaron ante el Congreso Nacional al ex vicepresidente Dahik, “por cohecho e infracciones que afectan gravemente el honor nacional”. Y propusieron un juicio político en contra de los doctores Pozo Montesdeoca, Ordóñez Espinoza y Guillén Hidrovo, ministros de la Sala de lo Constitucional, argumentando que ellos “votaron por la constitucionalidad de leyes cuestionadas y que les interesaba al Gobierno poner en vigencia”.

El 31/7/95, al contestar la décima pregunta formulada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la referida pesquisa, Dahik aseveró: “debo indicarle que fue el Bloque Legislativo Social Cristiano el que exigió a las autoridades correspondientes la asignación y entrega de Doscientos mil millones de sucres en concepto de partidas presupuestarias adicionales destinadas a los gobiernos seccionales sometidos a su control”.

Entonces ardió Troya; el resto es historia reciente.

Del caso Dahik, concluyo: que la política, frecuentemente, es muy sucia y que los gastos reservados que manejan los gobiernos, se prestan para compra de conciencias, lo cual es inaceptable.

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