Sebastián Mantilla

Prohibición presidencial

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
20 de June de 2012 00:03

Nuevamente el presidente de la República da de qué hablar. Como es de suponer, no para bien. A la ya larga y triste lista de ataques contra la prensa, se suma otro: queda prohibido que los ministros y funcionarios de Gobierno den entrevistas a los medios de comunicación privados.

Cuando uno analiza las causas de esta disposición, no hace más que sorprenderse. El argumento es el siguiente: las declaraciones de los ministros de Estado están colaborando a llenar el bolsillo de seis familias que dominan los medios de comunicación a escala nacional.

Como parece que la intención básica del Primer Mandatario no es garantizar la libertad de expresión sino debilitar, neutralizar e incluso quebrar a los medios de comunicación privados, toda acción que se enmarque en este objetivo es válida. Este hecho evidencia claramente el grado de irracionalidad, desproporción, odio y malestar que tiene el Presidente con la prensa independiente del Ecuador.

En este caso bien concreto, el principal perjudicado no es la prensa. Es el propio Gobierno y, en mayor proporción, la ciudadanía en general. ¿Por qué?

Porque el edicto presidencial, al no permitir que ministros y funcionarios de Gobierno sean entrevistados, va a afectar muy poco a la rentabilidad de los medios privados. Si la intención es informar solo a través de los medios “estatales”, cadenas nacionales y propaganda, el ciudadano a la final va a tomar una posición negativa frente al Régimen. Se evidenciará la poca predisposición a dar la cara y transparentar la gestión de los funcionarios de Gobierno. Simplemente me pregunto algo: ¿Quién va a pronunciarse ante la opinión pública nacional cuando estalle otro escándalo como el de la ‘narcovalija’ o un ministro ‘comecheques’?

La Constitución de Montecristi garantiza el libre flujo de la información y establece la obligatoriedad de los funcionarios de Gobierno de rendir cuentas. El art. 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) menciona que todos los funcionarios públicos deben dar información y deben permitir el libre acceso a la información.

Lo grave de todo esto no solo radica en que el propio Presidente y sus colaboradores estarían violando la Constitución y normativa ecuatoriana sino que irían contra una tendencia mundial de exigir por parte de la sociedad y sus instituciones rendición de cuentas a sus gobernantes.

En este sentido, la prohibición presidencial más que contribuir a “llenar el bolsillo de seis familias” puede convertirse en una acción atentatoria al libre acceso de la información y a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de realizar una gestión transparente y honesta.