Fabián Corral

El problema de la obediencia

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28 de julio de 2014 00:00

¿Por qué obedecemos? ¿Dónde radica la legitimidad del poder? ¿Cuál es el límite de la ciudadanía y dónde comienza la servidumbre? Preguntas que surgen desde la libertad de conciencia, si pensamos en el Estado y tratamos de encontrar la racionalidad de su aparataje político, burocrático, judicial y policial.

El poder consiste en la capacidad de que los demás hagan lo que una persona u organización ordena. El poder implica limitación de la libertad y de la posibilidad de decidir. Implica sumisión y, por eso, necesita justificación social, moral y jurídica. Necesita lo que ordinariamente se llama “legitimidad”, es decir, explicación racional y ética, sustento que rebasa a la Constitución y a la ley, y que excede, por cierto, a la coacción, que es la elegante presentación de la fuerza. Y que supera al miedo.

Las doctrinas políticas no son sino el esfuerzo por asignarle explicación y justificación al poder y a la otra cara de la medalla: la obediencia. Son, a veces, el dogma con pretensiones de razón. Son también magia que encanta. Son la incansable búsqueda de fundamento. Y en esa búsqueda, la humanidad ha agotado la imaginación y ha planteado desde la explicación divina hasta la mágica, la revolucionaria y la racional. La democracia no es sino una explicación, un argumento para dignificar el hecho de someterse. Pero esa dignificación es vana si a ella no le acompaña el principio de limitación, el sistema de reglas y responsabilidades que se conoce como “régimen de Derecho”. Porque incluso la democracia puede volverse dictadura multitudinaria o despotismo de mayorías parlamentarias.

Por eso, no es casualidad, ni puro detalle jurídico, el que el poder se declare “Estado de Derecho”. Es decir, sistema de facultades transitorias sujetas a las leyes, jefaturas obedientes a la Constitución, fuerza sometida a la razón. Solo así se consigue que sean los ciudadanos los que gobiernen, y que la “autoridad” sea lo que la etimológicamente significa: “poder autorizado”, otorgado por la gente al gobernante través de la ley, concesión de la comunidad, no propiedad de dirigentes ni de partidos. Ni patrimonio de mayorías ni refugio de minorías.

Ortega y Gasset decía que el “Estado es el principal problema”, problema en sí mismo, porque tiene que justificarse, tiene que ser eficiente y debe ser útil, ya que solo la utilidad social otorga legitimidad a su existencia. El Estado no es solución por sí solo, es conflicto necesario, pero conflicto, de allí que deba ser mínimo, limitado y responsable. Por todo esto, no me explico la razón por la que la Asamblea Nacional suprimió de la Constitución la idea de “Estado de Derecho”. No sé si pensaron en ese concepto más allá de la antipatía a una doctrina, o si fue propósito consciente.

fcorral@elcomercio.org