Dos hechos resaltan luego de la sentencia contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de ‘El Gran Hermano’. El primero es que, a más de los esfuerzos de la espiritual jueza del Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, no se logró superar la fama del juez de primera instancia de el caso El Universo. Sin embargo, a su haber consta la reacción que causó en las redes sociales al conocerse el veredicto. Queda registrada una de gran ‘salinidad’: “Si usted sufre de ansiedad espiritual, tome al despertarse un millón y al acostarse otro millón”.
El segundo hecho es en que en el transcurso de estos años, el pueblo ecuatoriano, en relación con sus vecinos, va a tener más conocimientos jurídicos. Sin llegar al nivel de los juristas, ya poseen una idea de lo que es un debido proceso, el desacato y necesidad de la independencia de los jueces.
Por obvias razones, el pueblo todavía desconoce, como aparentemente también la espiritual magistrada, el principio básico del derecho expresado con precisión en latín: ‘in dubio pro reo’. En traducción literal, que en caso de dudas, los administradores de justicia deben favorecer o escoger la decisión que más favorezca al reo.
En el caso de los atrevidos autores de ‘El Gran Hermano’, el núcleo del proceso radica primero en la constancia de que el libro registre la afirmación de que el Presidente conocía de los contratos de su hermano. Si consta, el caso se remite al hecho de si conocía o no; para tal efecto, el hermano contratista sostiene que sí y el hermano Presidente dice que no. Ambas versiones están en las páginas del condenado libro, sin que exista una conclusión de los autores, quienes presentan evidencias, a lo mucho más lógicas que reales, de las que puede deducirse que era casi imposible que el Mandatario no conociera de las contrataciones.
Habrá por tanto que verificar si los autores en el libro sostienen que el autor de esta causa sí conocía de los hechos y, luego de existir tal afirmación, decidir entre las dos versiones. Del que demanda la honra y del que sostiene que si conocía de los contratos. En todo caso, un terreno sembrado de dudas y por tanto, para la aplicación del ‘in dubio pro reo’. Pero no fue aplicado el aforismo y se procedió a transformar el escenario de juzgado en una sala de asistencia psiquiátrica.
Preocupa que en la ola mundial de protestas por el desafuero judicial, exista una importante referencia a la desproporción del castigo económico, como en el caso de El Universo. El problema es que no solo son los millones de dólares que deben pagar los sentenciados, sino la causa que es la condena al ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador. De no corregirse esta anomalía significaría, para beneplácito de los sicarios de la justicia nacional, que si los directivos de El Universo hubiesen recibido la pena de USD 100 000 y Calderón y Zurita USD 20 000, debiera aceptarse, pues se habría respetado la proporcionalidad.