23 de August de 2010 00:00

Preocupación internacional

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Miguel Rivadeneira Vallejo



Es verdad que una sociedad moderna requiere de un sistema legal transparente, depurado, con reglas claras de juego, que faciliten la inversión -extranjera y nacional-, que permitan desarrollar las diversas actividades con confianza y seguridad jurídica y con ello mejorar la producción y productividad. Esto permitirá generar fuentes de empleo y crecer económicamente, sin lo cual no se puede sostener un modelo, gastando más de lo que se recibe.

Es verdad que por mandato popular mayoritario se emprendió en un régimen de transición y en esa línea, incluso, se ha incumplido todavía con los mandatos constitucionales cuando se va a cumplir dos años de vigencia. Sin embargo, hay que estar absolutamente claros que con las nuevas leyes, por buenas que sean si ese fuese el caso, no va a transformarse el país si no hay previamente cambio de conductas y comportamientos de todos, de respeto al ordenamiento jurídico, si no se busca el diálogo y los acuerdos, tan esquivos pero necesarios en una sociedad que debe luchar por vivir en una auténtica democracia y no de ilusiones o de dádivas.

Existen nuevas leyes que se aprobaron y pese a los avances los problemas siguen latentes. El caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, vigente dos años, que no ha podido controlar ni mejorar la seguridad vial porque los actores de la transportación pública y particular y los controles no han contribuido para ello.

Más allá de los avances que se puedan lograr en materia de la educación superior, el proyecto de ley orgánica aprobado en la Asamblea y que deberá recibir el pronunciamiento del Ejecutivo, que ya adelantó criterio de vetarlo y desbaratar determinados acuerdos logrados parcialmente, tampoco va arreglar el problema de fondo en la comunidad universitaria.

El proyecto de Ley de Comunicación está en suspenso y ha recibido una serie de observaciones y objeciones de organismos internacionales, más allá de los internos, por la forma como hasta ahora se ha planteado. Las preocupaciones ya se han advertido en organismos que velan por los derechos humanos y que reivindican el respeto a los convenios internacionales a los que está suscrito el Ecuador. 

Estas preocupaciones en el exterior que deberían ser procesadas sin ligerezas y como un ejercicio democrático si se quiere respetar el ordenamiento jurídico y la Constitución vigente. La semana pasada seis periodistas tuvimos la oportunidad de departir ampliamente -off the record- con el canciller canadiense, Peter Kent, un hombre de prensa de larga trayectoria, amplio, abierto y ávido por conocer la realidad interna. Más allá de sus contactos oficiales y sin pecar de infidente podría resumir que llegó preocupado y se fue con más inquietudes, entre otros temas por la parte jurídica y el ejercicio de las libertades.

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