22 de March de 2011 00:00

Pregunta tres: No

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El sábado 7 de mayo por iniciativa presidencial debemos pronunciarnos en referéndum y consulta popular sobre diez asuntos.

La tercera pregunta del referéndum plantea reformar la Constitución para prohibir que los directores y principales accionistas de bancos y medios de comunicación privados tengan el control de otros negocios, incluso indirectamente.

Votaré no.

Lo que motiva iniciativas de esta índole es que en épocas de predominio del capital financiero, quienes controlan bancos están en capacidad de auto-prestarse en condiciones ventajosas y concentrar poder económico. A continuación adquieren medios de comunicación para que los defiendan.

En los noventa vivimos un tal período de preponderancia del capital financiero.

A la sociedad no le conviene ni esa ventaja para acaparar empresas del capital financiero, ni la acumulación de poder financiero y mediático. El poder financiero permite operar a pérdida un medio de comunicación, y competir deslealmente con medios obligados a ser rentables.

La sociedad ya ha tomado medidas para hacer frente a estas dos situaciones. Hoy, están penalizados los créditos vinculados. Está bajo control la posibilidad de un grupo financiero de prestarse para incursionar en nuevos negocios. La Constitución prohíbe que un mismo grupo económico sea dueño de empresas financieras y de comunicación.

Entonces, ¿para qué la pregunta del referéndum?

Porque se va más allá. Se prohíbe que los propietarios de medios o bancos tengan propiedad en otras empresas. Pero lo lógico es que alguien que tenga éxito en un negocio, quiera diversificar sus riesgos, en otro. Más aún, el titular de las acciones de un banco puede tener hermanos e hijos que aspiren a montar negocios propios; no lo podrán hacer, puesto que lo de “propiedad indirecta” lleva a utilizar conceptos como “grupo familiar” que involucra a parientes cercanos no beneficiarios del negocio. Deberán sacar su dinero del país y poner los negocios en el exterior. Esta prohibición afecta también a funcionarios, por lo que trabajar en un banco como directivo es un freno para el emprendimiento de familiares en negocios propios.

Al afectar a directores, empresarios exitosos y experimentados se inhibirán de aportar a una institución financiera.

Lo más extraño es que medidas encaminadas a impedir que personas con acceso a grandes sumas de dinero se conviertan en principales beneficiarios del mismo, se apliquen a medios de comunicación.

¿Hay acaso experiencia que propietarios y funcionarios de medios acaparen poder económico y desplacen a sus competidores en otras áreas de negocios?

La consulta, en el mejor de los casos, es innecesaria, e injusta. En el peor, tiene el trasfondo de fortalecer el poder central frente a la sociedad civil.

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