Marco Arauz

De 'potras' y jaguares

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6 de April de 2014 00:03

¿Hay algún mérito en tolerar a quienes piensan igual que uno o a quienes comparten nuestras mismas creencias? Si la respuesta negativa tiene pleno sentido en una dimensión personal, lo tiene mucho más en la dimensión social. Quienes ejercen el poder entregado por una comunidad deben garantizar las expresiones de lo diferente y no tratar de convertir sus convicciones personales en creencias válidas para toda la sociedad.

Los efectos de este malentendido se agravan cuando los mandatarios ponen por encima de los derechos sociales sus derechos personales, incluso el de la honra y el del buen nombre, que obviamente en su caso corren más riesgo que los del común de los mortales, en la medida en que se trata de personajes públicos.

Nadie niega el derecho de un Mandatario a defender su honra, pero el pequeño gran detalle que suele olvidarse es la desproporción que existe entre un personaje poderoso y alguien del estado llano, lo cual obliga al primero a dimensionar el poder cuando de la defensa de sus intereses se trata.

No es difícil imaginar lo que sucede cuando un Mandatario pone a funcionar, incluso sin quererlo, el aparataje estatal en defensa de sus derechos, más aún en sociedades prestas a reverenciar al poder. No habrá causa que quede abandonada ni juicio que se pierda. Los menos poderosos, como un periodista insultado o un cantautor vilipendiado, tendrán muy poca oportunidad de resarcir su honor.

Hay dos casos en curso. El primero es el del asambleísta Cléver Jiménez, quien ni siquiera merecerá el perdón, pese a los buenos oficios del Secretario Jurídico. El presidente Rafael Correa considera que detrás de la denuncia de Jiménez hay una gran mentira y un daño a su honra, e irá hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al político le parecen una intromisión a la soberanía, igual que antes le parecieron las observaciones externas sobre el aborto.

El segundo es la nueva acción contra diario Extra, que tiene un concepto diferente de la información y se maneja en los límites de lo que se considera cosificación de la mujer. Una asambleísta ha tomado la bandera de la honra femenina, aunque no queda claro si esa es una de sus funciones y cuál es el límite de esa defensa, más aún cuando la modelo defendida no es ecuatoriana y declara expresamente no sentirse ofendida por la publicación sino todo lo contrario.

No se vio el mismo empeño para defender a la periodista que fue tildada de 'gordita horrorosa' o al género femenino que ha sido motivo de chistes presidenciales machistas, incluidas las mismas asambleístas.

Si el poder olvida que su principal obligación es priorizar la libre expresión de lo distinto, por más molesta que le resulte, terminará judicializando incluso sus creencias íntimas.