Abelardo Pachano

Por ahí no se llega a Roma

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La noche del lunes pasado, el gobierno demostró afán de enmienda al anunciar algunos ajustes al proyecto de reforma económica. Reitera su apertura al diálogo, aún cuando lo propuesto, si bien mejora algunos aspectos del planteamiento original, como la eliminación de la tabla impositiva discriminatoria por el número de dependientes, la exclusión de la norma de responsabilidad de los accionistas por obligaciones pendientes de la empresa y, la expedición de un decreto modificando los anticipos de impuesto a la renta del 2017 (que seguramente implicará devolución de pagos excesivos-conocidos como indebidos- ya realizados al SRI); insiste en reformas tributarias controversiales e incluso muy peligrosas cuando se refiere al futuro del sistema cambiario.

Es difícil entender las razones para castigar a las empresas grandes y medianas por el hecho de su tamaño, cuando muchas de ellas sólo pueden vivir por la escala de producción y, algunas cobijan a pequeños accionistas, que reciben este daño colateral. Por eso la progresividad radica en el impuesto a la renta de las personas. Las empresas pagan igual de acuerdo a lo que ganan. Punto. Los demás impuestos son generales e iguales para todos. Los incentivos van por otro lado.

Si quiere encontrar acompañamiento de la inversión privada, el gobierno debe ser claro en sus propuestas. ¿Porqué quiere condenar la iniciativa que no se encuadre en el cambio de la matriz productiva? ¿Dónde está lo malo de crear fuentes de trabajo en áreas que no ve el gobierno, pero que están ahí? La verdad, es que el dirigismo ya hizo daño y se insiste en su aplicación. ¿Porqué amplia los plazos de prescripción y caducidad si quiere más inversión?

En el campo monetario, algunos creen que con la eliminación del monopolio del dinero electrónico en el BCE ya se resolvió la amenaza de la dolarización. ¡Cuidado! Aquello no es así. El riesgo persiste y, es más, queda expedito su potencial empleo -con otro sistema- que se envuelve en la obligación de uso de la plataforma electrónica por parte del sistema financiero así como de las empresas y personas para la gran mayoría de las transacciones corrientes, en la cual el BCE supervisa y participa.

Pregunto: ¿Si el BCE mediante este sistema compra bonos al gobierno y acredita esos “dólares ficticios” en su cuenta para que se utilicen en el pago de los haberes de los empleados públicos transfiriéndolos a las cuentas que tienen en las instituciones privadas, acaso no hace lo mismo que podía realizar con el dinero electrónico? La diferencia es que ahora ya es obligatorio y, además la banca es co-responsable –con el BCE- de la cobertura de liquidez del sistema.

El déficit fiscal sigue marcando esta depredación. No hay otra explicación.