Por toda América Latina y otras latitudes se dice en plan de broma que no hay políticos honrados, que solo son una leyenda urbana. La gente disfruta con anécdotas, reales o ficticias, acerca de casos estrambóticos de corrupción, pero también adora las anécdotas históricas de políticos honrados aunque a estas alturas parezcan inverosímiles.
Cuentan del presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines que al enterarse de que le habían regalado un auto de lujo a su esposa con ocasión de su cumpleaños comentó: “Hace muchos años que mi esposa cumple años y nunca se acordaron de ella, hasta ahora que soy Presidente. Pueden regresarlo, porque no puedo prometer nada a cambio de este regalo”.
También los ecuatorianos podemos contar como anécdota de honradez, que la esposa del cinco veces Presidente José María Velasco Ibarra murió a consecuencia de una caída del colectivo en que viajaba. El ex Presidente vivió sus últimos días como huésped en casa de su sobrino.
A un político honrado y anciano se le ha entregado la tarea de rescatar las instituciones ecuatorianas tomadas por políticos que llegaron a sus puestos en concursos amañados. Es tarea muy compleja y necesitará el respaldo de los ecuatorianos para provocar el cambio que se pretende. El presidente y todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tienen la tarea de evaluar a los funcionarios y tienen la potestad de destituirlos y designar sus reemplazos. Deberán buscar políticos honrados y dispuestos a participar. Si los miembros del Consejo aceptaron la tarea, cabe pensar que encontrarán otras personas dispuestas a colaborar.
La tarea no se reduce a designar nuevos funcionarios, se trata de cambiar la forma de entender la política desde el liderazgo y desde la ciudadanía, cambiar lo que se conoce como “cultura política”.
Dos organizaciones nacionales de reconocido prestigio, Corporación Participación Ciudadana y Corporación de Estudios para el Desarrollo, vienen oportunamente a contribuir en esta tarea con una iniciativa de Transparencia Fiscal. Se trata de ejercer vigilancia en la asignación de los dineros públicos, exigir transparencia en la información y mejorar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. No se podrá combatir la corrupción si los ciudadanos no ejercen su derecho a pedir información y exigir cuentas.
Más esperanzador resulta el hecho de que partidos y movimientos políticos se sumen a esta iniciativa y se comprometan a promover leyes para garantizar la transparencia. La tecnología permite que los ciudadanos puedan hacer el seguimiento de cada dólar del presupuesto que sea asignado, lo que falta es la decisión política de transparentar las cuentas.
Es preciso recuperar los derechos de la sociedad organizada para vigilar la cosa pública y participar en ella, derechos que fueron afectados por el gobierno de la revolución ciudadana.