Ayer, 24 de mayo del 2016, el presidente Correa pronunció lo que anunció era su último mensaje presidencial, antes de las elecciones del 2017, año en el que concluirá su gobierno. “La década ganada” lo denominó.
Correa en su Informe a la Nación no tuvo un contexto diferente al de otros gobernantes que adoptan condiciones mesiánicas.
Antes de él, el 2006, había un Ecuador sin infraestructura, sin servicios, y que sobre este, en nueve años, está la construcción de la llamada revolución ciudadana.
En extenso, podría analizarse lo que se intentó hacer bien –que lo hay-. Pero eso ya se lo ha magnificado en la intervención de ayer.
Por eso, en esta ocasión, hay que mencionar las principales omisiones que se vienen soslayando.
Ahí está la intolerancia del gobernante y su entorno con el montaje de un poder persecutorio y de agravio, sin freno y sin límites. Y esto aparece incluso en la legislación, para luego invocar “es que está en la Ley”, que realmente es la suya y con dedicatorias no siempre confesas, pero evidentes, de modo que esta -en ocasiones- responde más que a la racionalidad y al análisis de riesgos, a la reacción visceral de la coyuntura, unida a resentimientos acumulados, aun cuando sus secuelas, por no habérselas previsto, pueden ser incalculables.
Quizás más grave es la institucionalización de la no transparencia que comenzó desde la Asamblea de Montecristi, 2008, cuando se le privó a la Contraloría del control precontractual y luego del de gestión, para que esta solo actúe ante hechos consumados.
Por eso, en su tiempo, mencioné aquel posible símil con una sala de velación o con un anfiteatro para autopsias.
La explicación fue y viene siendo acelerar las cosas, pero en los resultados se dio –y falta mucho por evidenciar- la multiplicación de la corrupción, la grande de los negocios de cuantías millonarias, y la de las raterías.
Un elemento preocupante es la práctica de una imagen de “proximidad”, por la que aun cuando el Presidente no conozca de los actos ilícitos que se manejan en su entorno, se envía la señal que se convierte como una licencia para delinquir.
Pasó desde el caso del ministro de Deportes, Raúl Carrión, como en los casos –que son varios- de Pedro Delgado, enviando correos desde el dominio “presidencia.gob.ec”.
También está el caso relatativo a la comercialización de pases de la Policía, y hasta el reciente de la multiplicación de ilícitos vinculados a obras y servicios en la Refinería de Esmeraldas, en que aparece como principal sindicado Álex Bravo, respecto de quien el Presidente expresó no recordarlo, cuando existen decenas de testimonios de imagen y voz que denotan su proximidad al Primer Mandatario.