20 de July de 2010 00:00

Política industrial

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Walter Spurrier Baquerizo

Hay una política industrial de tres carriles. Hoy, el Gobierno propone una ley que viabilice el segundo y tercero, puesto que el primero es para la empresa estatal.

Circulan versiones en corrección permanente de un Código de la Producción, que el Presidente enviará a la Asamblea con carácter de urgente, aunque asambleístas de Alianza País expresan que el proyecto es demasiado complejo y que se requiere de más tiempo.

El Código consta de 4 cuerpos, y se lo tilda de ley trole, lo cual prohíbe la Constitución.

Un cuerpo es una nueva Ley de Aduanas, menos reglamentaria para darle más flexibilidad a las autoridades aduaneras, que críticos sostienen debe segregarse y enviarse por separado.

Los otros cuerpos tienen que ver, uno con incentivos a la gran empresa, otro a la micro y pequeña, y el tercero a la política comercial.

El Gobierno propone volver a la sustitución de importaciones, aunque acompañada “de políticas de mejora de productividad y de promoción de exportaciones industriales y de servicios”. El capítulo del comercio lista todas las herramientas arancelarias y para-arancelarias a las que recurrirá el Comexi para proteger a las industrias seleccionadas.

Para atraer inversiones, el Gobierno piensa crear Zonas Especiales de Desarrollo, a las que se dotará de obras y servicios públicos de punta. Reemplazarán a las zonas francas, que fracasaron en atraer industrias. Las empresas que quieran instalarse e invertir para proyectos en los sectores estratégicos podrán plantear acuerdos con el Gobierno que confieran beneficios específicos. En ese caso deben renunciar a la protección del acuerdo bilateral de protección de inversiones.

Podrán también gozar de inmunidad frente a cambios tributarios. Pero en ese caso pagarán un impuesto a la renta de 30%. ¿Significa que las autoridades consideran subir el impuesto a la renta a las sociedades?

El Código, en lo que respecta a los beneficios para las sociedades de capital hubiese salido mejor si los presuntos beneficiarios hubieran sido consultados. Pero es algo que podrá mejorarse en la Asamblea. Lo importante es que constituye un hito en la política económica del Gobierno. Es reconocer que la inversión privada es indispensable, que requiere de un régimen atractivo. Algo diametralmente opuesto a la destrucción sistemática de la industria que existe en Venezuela. Aunque paradójicamente en las últimas semanas se ha estrechado la coordinación con Caracas.

Que el Gobierno no crea que el Código por sí solo va a atraer inversión. Los inversionistas requieren estabilidad macroeconómica, personal a precios competitivos, acceso preferente a los mercados de exportación. Ecuador presenta incertidumbres en estos tres factores.

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