Antonio Rodríguez Vicéns

El proceso de la reelección (1)

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Talvez, en estos tiempos de ‘enmiendas’ inconstitucionales, sea el momento de recordar. La ‘revolución ciudadana’ ha consolidado el control del poder mediante el atropello a las instituciones (el Congreso Nacional, por ejemplo), la violación constitucional y legal, la trampa, el engaño y la mentira.

La Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, cuya nefasta tarea estamos padeciendo, fue un instrumento eficaz, dúctil y obediente. En sus últimos días, subrepticia y deshonestamente, incorporó al texto constitucional el denominado ‘régimen de transición’, que fue convertido en un mecanismo idóneo, mediante antidemocráticas ficciones legales, para lograr la prolongación de los períodos de sus representantes. Me explico. Nuestro eximio gobernante fue elegido, de acuerdo con las normas de la Constitución anterior, para un período de cuatro años, sin derecho a reelección inmediata. El respeto a las reglas según las cuales había sido elegido, como era su obligación, habría determinado la conclusión de sus funciones en enero de 2011. Teniendo en cuenta ese hecho, en la Constitución de Montecristi (la ‘revolución ciudadana’ no legisla a favor del país sino en su propio beneficio) estableció, con efecto retroactivo (no para el futuro), un período de cuatro años con reelección “por una sola vez”: así, su período presidencial, ganando esa recién creada reelección, podría terminar en enero de 2015.

No era suficiente. En tales circunstancias, se incorporó tramposamente el ‘régimen de transición’. En su artículo 3 comenzaba ordenando al Consejo Nacional Electoral que, sin concluir el período, “en un plazo máximo de 30 días contados desde su posesión”, convocara “a elecciones generales para designar”, entre otras dignidades, al presidente y vicepresidente de la República. La simple lógica nos llevó a deducir que, en caso de ser reelegido nuestro generoso y desinteresado gobernante por cuatro años más, “por una sola vez”, como en efecto sucedió, sus funciones concluirían en agosto de 2013. Ese atropello implicaba que se habría logrado extender su período presidencial solo por dos años y ocho meses. Muy poco. ¿Qué hacer?

La ‘revolución ciudadana’ recurrió a una solución ‘genial’, una ficción legal que para mí fue sencillamente inmoral: en el artículo 10 del ‘régimen de transición’ dispuso, legislando a su favor, que el período de gestión de los dignatarios electos con sus normas “se considerará el primero para todos los efectos jurídicos”. Es decir que, al borrar los primeros dos años y ocho meses del desgobierno ‘altivo y soberano’, con sus violaciones, atropellos, trampas, abusos y agravios, su período presidencial, ganando las siguientes elecciones, se extendería hasta agosto de 2017. ¡Un período de cuatro años se transformó en un período de diez años y ocho meses! ¿Lo recuerda, lector? ¿Le parece que ha sido un proceso honesto y correcto?