Sebastián Mantilla

Hacia una política de drogas

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La nueva “Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas” no termina de convencer. Incluso varios asambleístas de Alianza País, acostumbrados a aprobar sin mayor cuestionamiento los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, han mostrado su inconformidad. El tema de preocupación radica en el endurecimiento de las penas.

Consideran que esta medida no solucionará el problema del microtráfico. Ocasionará, además, el aumento de la población carcelaria.

La nueva ley considera como microtraficante a quien porte hasta 0,1 g de heroína, 1 g de cocaína, 2 g de pasta base de coca o 20 g de marihuana. Si antes la pena era de dos a seis meses de cárcel, ahora será de uno a tres años.Esta tabla es exactamente igual a la Tabla de consumo fijada anteriormente por el Consep. El problema que se deriva de ello es que resulta complicado distinguir entre microtraficante y consumidor, existiendo la posibilidad de que los consumidores de droga sean encarcelados injustamente.

Aunque esta contradicción puede ser solucionada con la promulgación de una nueva Tabla de Consumo, a diferencia de lo que sostienen algunos expertos en esta materia, considero que es necesario el endurecimiento de penas, especialmente en drogas que tienen efectos más nocivos para la salud y generan mayor adición, como son la heroína, cocaína y pasta base. Es decir, en la fijación de una nueva tabla se podría ser más flexible con la marihuana, pero no con los otros tipos de drogas.
Si se analizan las estadísticas del consumo de drogas en el Ecuador, aunque los datos confirman que la droga mayormente utilizada es la marihuana, desde que se flexibilizó la Tabla se ha dado un cambio en los patrones de consumo y un incremento significativo del microtráfico. Ese cambio en los patrones se ha dado hacia drogas más fuertes como la heroína, cocaína y la mezcla de estas (triki, principito o hache). La heroína, convertida en “hache”, es una de las más consumidas entre los jóvenes de Guayaquil y Quito.

Hay que tomar en cuenta que el consumo de drogas no es solamente un problema de salud pública. También es un problema de seguridad. El aumento del consumo de drogas ha estado acompañado del fortalecimiento de redes de narcotráfico y del aumento de los índices de violencia en América Latina. Veamos solamente los casos de El Salvador, Honduras o México.
Es cierto que el problema de las drogas no se soluciona con el endurecimiento de las penas, pero tampoco únicamente con políticas de salud pública. Es un tema complejo que exige acciones integrales en el campo del control, fortalecimiento de las capacidades policiales y judiciales, prevención del uso indebido de drogas, programas de integración social, mejoramiento económico y generación de empleo en zonas deprimidas, entre otros aspectos. Por ello, esta ley debe estar acompañada de una serie de acciones en diversos ámbitos.