Juan Cuvi

Estado policial

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18 de November de 2011 00:01

La democracia es inversamente proporcional al grado de policialización de la vida pública. Mientras más se requiere de la intervención del aparato represivo del Estado en los conflictos sociales o administrativos, menos capacidad tiene la población de intervenir en las soluciones.

Esto último es lo que ha sucedido con las renuncias obligatorias en el sector de la salud. El Gobierno ha querido compensar la ineptitud administrativa y la ausencia de control social con el espionaje policial. Desde la Secretaría Nacional de Transparencia se proclama orondamente que las labores de Inteligencia han resuelto lo que debería corresponder al campo de la gestión pública. Habría que preguntarse con qué criterios técnicos calificaron los agentes policiales la ineficiencia del personal médico despedido.

Además, el Gobierno olvida que, desde hace mucho tiempo, también se ha intentado encargar estas responsabilidades a las veedurías ciudadanas. Tarea por cierto infructuosa a la luz de los acontecimientos. En efecto, la participación y el control social en un ámbito tan fundamental como la salud han sido colocados en la congeladora. Y no solo en el Ecuador.

En días pasados se realizó en Quito un encuentro regional destinado a analizar los logros y obstáculos de la participación de los movimientos sociales de la Región Andina en la exigibilidad del derecho a la salud. No solo se constató la similitud de problemas entre los distintos países analizados, sino las coincidencias en las limitaciones de los gobiernos llamados progresistas respecto del fomento y apertura para la participación ciudadana. Expertos de Bolivia, Perú y Ecuador atribuyeron estas deficiencias a la prolongación de ciertas políticas neoliberales, pero también –y sobre todo– a la penetración de representantes de los viejos poderes en las altas esferas de la administración pública. Da la impresión de que los discursos oficiales no guardan coherencia con las medidas reales.

A propósito del control social sobre la gestión pública, las coincidencias también fueron la tónica. Al parecer, se ha impuesto la peregrina idea de que ahora ya no son necesarias ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Los ‘chicos buenos’ están en el poder; en tales circunstancias, exigir estos procedimientos resulta inoportuno, inútil y hasta ofensivo. Así como antes la nobleza venía por apellido, hoy la honestidad vendría por filiación política.

En este punto, cualquier organización o movimiento social que presione y exija espacios para la fiscalización social queda automáticamente marginado desde el poder político.

Se vuelve incómodo por inmanejable. Más práctico resulta encargar la veeduría ciudadana a los servicios de Inteligencia policial.