Marco Arauz

¿Estado policiaco? (II)

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20 de November de 2011 00:05

En mi columna de la semana pasada intenté advertir sobre el peligro que conlleva que se esté montando en el país, en nombre de la revolución ciudadana, un Estado policiaco que, por ejemplo, se vale de la inteligencia policial y militar, no para frenar a la delincuencia, sino para establecer qué funcionarios son “corruptos e ineficientes” o simplemente no se alinean con las tesis gubernamentales.

Asimismo, lo grave que resulta que el enorme aparataje de comunicación del Estado, incluyendo los supuestos medios públicos y algunos de sus periodistas, sea usado para hostilizar a quienes no piensan igual que el Gobierno. Este método ha llegado a tal extremo, que una de sus víctimas, César Ricaurte, de Fundamedios, declaró que él y los periodistas que ahora están siendo atacados son más promocionados por el Gobierno que los 10 más buscados.

La intimidación con el fin de alinear o ablandar a los “enemigos” es una vieja práctica totalitarista que empieza ejerciéndose en los espacios públicos y termina instalándose en las cabezas de la gente. La semana se cerró con una denuncia sobre la intención del Ministerio de Educación de hacer un mapeo sobre la orientación política de rectores, vicerrectores y estudiantes de colegios públicos.

Ni cortas ni perezosas, las autoridades decidieron remover al asesor de la ministra Gloria Vidal que firmó el oficio dirigido a los directores provinciales de Educación, dando a entender que se trata de una ocurrencia de un individuo que nada tiene que ver con una política de Estado. El ahora ex asesor -fue separado el viernes- señalaba en su carta, según los denunciantes, que “entre las prioridades planteadas por el señor Presidente se ha solicitado un mapeo de las autoridades y dirigentes estudiantiles de los colegios fiscales”.

Jorge Escala, asambleísta del MPD, afirma que ya antes, el Ministerio ordenó colocar cámaras de video en las instituciones educativas para controlar la labor de maestros y estudiantes, lo cual viola el derecho constitucional a la intimidad e integridad personal.

También estos días salieron a la luz investigaciones realizadas desde el Ministerio de Justicia contra funcionarios y opositores, según la denuncia de un ex asesor del ex titular José Serrano. Uno de los afectados, Fernando Balda, hace notar que este espionaje se hizo desde un Ministerio cuyo deber es servir a los ciudadanos persiguiendo a los delincuentes, y no a los opositores.

También, como en el caso anterior, se estaría violando la privacidad. El agravante es que se trata de investigaciones extrajudiciales en las cuales, además, interviene personal que no forma parte de las actividades de inteligencia.

Los “pativideos” quedaron en el olvido, y nunca se aclaró el espionaje en la Asamblea Nacional. Se vienen unas reformas al Código Penal que, tal como están planteadas, podrán usarse contra los “enemigos” de la revolución. ¿Pura paranoia?