Miguel Rivadeneira

La pobre respuesta económica

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24 de September de 2012 00:03

A propósito del día internacional contra la trata de personas, existe otra deuda pendiente. Contribuir a que se conciencie sobre el problema y luego se pase de las palabras a los hechos y se pongan más recursos para enfrentar este flagelo de lesa humanidad, en el que está en riesgo la vida de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 32 000 millones de dólares se lucra ilícitamente en el mundo y existen por este delito más de dos millones de víctimas, la mayoría mujeres, niñas y niños.

Lo primero que hay que hacer es concienciar a todos -al Estado y la sociedad en su conjunto, autoridades, fiscales, jueces y en general a educadores, padres de familia e hijos-, de la gravedad del tema y principalmente lo que significa este delito, que incluye la explotación sexual, laboral, la mendicidad, trabajos forzosos, abusos y servidumbre, reclutamiento con fines delictivos o para conflictos armados, esclavitud o prácticas análogas a esta, con el uso de la fuerza u otras formas de coacción y abuso de poder con el fin de explotar a las personas. Para hacer frente este complejo problema social, del que no hay plena conciencia en general, debieran servir las cadenas oficiales.

Hay que reconocer y destacar el trabajo que realizan instituciones del sector público y privado. Antes lo hacían escasamente y en forma aislada. Hoy se advierte apertura hasta para reconocer las debilidades, la falta de recursos que debe entregar el Gobierno, la necesidad de articular políticas en una sola dirección y con el involucramiento de todas las entidades. Sin embargo, son buenos esfuerzos pero no entregan más dinero.

Existen resultados pobres en la tarea de investigación y de administración de justicia, incluso con la denuncia de autoridades oficiales y la Red Ciudadana que estiman que jueces y fiscales no tienen ni siquiera claridad de lo que implica este delito y a veces cambian las figuras y las acusaciones, en claro beneficio a los procesados. Eso se refleja en estadísticas parciales y que demuestran un alto grado de impunidad y en lugar de buscar chivos expiatorios tiene que aunarse esfuerzos para cambiar esta situación.

Además de los exiguos recursos con los que se cuenta se advierte la escasa respuesta oficial con solo cinco hogares de protección en el país y porque el problema no termina con la recuperación de las personas sino con el proceso de rehabilitación. No se debe perder un solo día y argumentar que en el próximo presupuesto se establecerán nuevos recursos. Hay que pasar de los discursos a los hechos porque el problema no puede esperar. Por un lado, el problema debe ser debidamente visibilizado y entendido en la sociedad y por otro

se requieren decisiones políticas con respuestas concretas y la colaboración ciudadana para afrontar con éxito este mal.