Walter Spurrier

Plazo insuficiente

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19 de November de 2013 00:02

Dinardap prorrogó por 90 días, hasta principios de marzo, el plazo para el arranque del nuevo sistema estatal de información de datos crediticios. Es el plazo tope que le permite la ley que creó la Dinardap y anuló el servicio de los burós de crédito privados.

El plazo es insuficiente. Urge una reforma legal para prorrogarlo.

Las entidades financieras requieren información sobre la historia crediticia de los solicitantes de préstamos. Mientras más pequeña la entidad financiera, más depende de un servicio externo que le suministre la información, pues no puede pagarse un departamento especializado propio .

El servicio lo viene dando un buró de crédito privado, Equifax. Por ley, deberá dejar de ofrecerlo al momento que Dinardap comience a operar.

Si durante la transición el servicio llegara interrumpirse, las instituciones financieras dejarán de extender crédito a los solicitantes que no tengan un largo historial de crédito con la institución prestamista.

Las pequeñas empresas y los ciudadanos sin historial crediticio quedarán fuera del sistema financiero, mientras que el servicio no se restablezca. Mientras tanto, deberán recurrir al mercado crediticio paralelo fuera del control de las autoridades, incurriendo en mayores costos financieros.

La creación de un sistema de información de datos crediticios es una actividad sumamente compleja. Desde su creación, Dinardap ha emitido más de 30 resoluciones que tienen que ver con la absorción de los registros mercantiles y de la propiedad, entre otros. Recién en junio creó el Registro de Datos Crediticios, con autonomía registral y administrativa, cuya finalidad es la prestación del servicio de referencias crediticias .

Al extender en 90 días la entrada en funcionamiento de su servicio de datos crediticios la Dinardap argumenta que para la óptima operación del nuevo sistema es necesaria la implementación de la plataforma tecnológica que permita la interoperabilidad con los sectores financiero y real, lo que implica hacer ajustes de lenguajes de comunicación, validaciones técnicas y otros procesos.

Pero no sólo se requiere un plazo para que el sistema entre en operación. Debe haber otro en que trabajen paralelamente el servicio privado y el público, en el que gradualmente las instituciones financieras abandonen el servicio privado y adopten el público.

Urge una reforma legal, prorrogando por un año, el plazo para que la transición del servicio privado al público se perfeccione. Nada se gana, y mucho se pierde en eficiencia, forzando una transición abrupta entre sistemas.

No facilitar la transición es atentar contra la reputación de la Dinardap, puesto que dará cabida a que se diga "estos problemas no existían cuando el servicio era privado" .

Los colegisladores tienen la palabra .